Madrid, 27 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional encara esta semana el recurso del PP contra la Ley Trans a partir de una ponencia que avala los principales aspectos de la norma, pero cuyo debate se antoja "difícil de cerrar" por las definiciones sobre el sexo y el género y la polémica sobre los derechos de las personas trans.
El Pleno que arranca este martes afronta el recurso del PP contra la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en 2023.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la propuesta del magistrado progresista Juan Carlos Campo avala en líneas generales los principales aspectos de la norma, que son también los más polémicos.
En cambio, sí que ve inconstitucional dos infracciones disciplinarias, una es sobre la difusión de libros y materiales docentes que presenten tesis sobre la inferiorizacion de grupos LGTBI+ y otra de incitación a la comisión de infracciones contra la ley.
Ahora bien, las fuentes consultadas, de distintas sensibilidades en el tribunal, avanzan que "es solo una propuesta" y que "existe mucha discusión sobre este recurso", por ser "una cuestión compleja y polémica".
Tanto es así, que la ven "difícil de cerrar", entre otras cosas, por las definiciones sobre el sexo y el género y toda la polémica sobre los derechos de las personas trans e intersexuales.
"Se mezclan muchas cosas con este recurso", señalan las fuentes, que advierten del choque que se puede producir entre sensibilidades y pensamientos feministas con la norma, algo que ya sucedió en la tramitación de la ley, que partió en dos al movimiento feminista.
Y esa "tensión" afecta principalmente a la denominada mayoría progresista del tribunal, de ahí que la resolución del recurso sea imprevisible e, incluso, precise de más sesiones plenarias en próximas fechas.
El PP ve un disparate la actual normativa trans, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y que también Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Advierten los populares de consecuencias lesivas sobre todo en los menores, denuncian que la normativa puede ser un "nuevo sí es sí" y señalan que hay países dando marcha atrás a este tipo de normativas que reconocen la autodeterminación de género.
Por otra parte, el Pleno prevé admitir a trámite el recurso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 18 de marzo que obliga a reubicar 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, y limita a una treintena los que acogerá Cataluña, tras un acuerdo entre el Ejecutivo y Junts
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera "inconstitucional" el decreto al infringir varios preceptos de la Carta Magna, e invadir las competencias "exclusivas" del Gobierno regional y, además, entiende que se vulneran los derechos fundamentales de los menores, "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".
La corte de garantías también admitirá a trámite previsiblemente el recurso del exconseller catalán y secretario general de Junts Jordi Turull contra la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía, por lo que se unirá así a los recursos del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, que ya fueron admitidos previamente.
Y hará lo mismo con el recurso del PP contra la Ley de Eficiencia de la Justicia, que impugnó la cesión de funcionarios al País Vasco. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 21192298 y otros)
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