Madrid, 15 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes transferir a las Comunidades Autónomas casi 200 millones para cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables en alimentación e higiene y a reforzar los servicios de ayuda a domicilio y de inserción social.
Con esta transferencia de 198,7 millones de euros, el Ministerio de Derechos Sociales busca reducir las situaciones de exclusión y promover la conciliación en las familias de rentas bajas con actividades lúdicas y educativas para los niños en periodos vacacionales.
Además, servirá para reforzar los servicios sociales y financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil en las comunidades autónomas competentes en servicios sociales, Ceuta y Melilla, a excepción de País Vasco y Navarra.
La propuesta de reparto de esta inversión ya ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y será aprobada definitivamente próximamente, ha informado el ministerio por medio de un comunicado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado que las actuaciones financiadas deberán orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, o para cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa.
También para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otros 25 millones de euros deberán estar destinados a reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia.
Finalmente, los 108,7 millones de euros restantes se destinarán a financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia. EFE
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