La acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada en la causa abierta contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ha pedido al juez que le impute por desobediencia al no entregar su teléfono móvil para que se analicen los mensajes que intercambió con la actriz Elisa Mouliaá.
En un escrito, recogido por Europa Press, el letrado Jorge Piedrafita solicita al magistrado que amplíe la imputación después de que el exdirigente no haya acudido este viernes al Juzgado a facilitar su terminal móvil.
Cabe destacar que la defensa de Errejón ha recurrido esa medida a la Audiencia Provincial, y ha decidido no entregar su teléfono hasta que el tribunal no resuelva. Mouliaá, por su parte, ha facilitado su terminal este mismo viernes, criticando que el exdiputado no haya "dado la cara".
La acusación popular critica que, "teniendo pleno conocimiento de forma clara, concisa y nítida del mandato judicial", Errejón "desafía el mismo desobedeciendo un decisión judicial y obstaculizando el transcurso de la instrucción".
"Circunstancia expuesta que es inadmisible, insostenible e ilícita por constituir un delito de desobediencia", sostiene el letrado, que asegura que "la resistencia reiterada del investigado a la entrega del móvil viene siendo prolongada y repetida en el tiempo".
EL "DESAFÍO" DE ERREJÓN
"Existe clara conciencia y voluntariedad en el incumplimiento y desafío del investigado, dado que pese a que fue el mismo quien de forma voluntaria en su declaración centró las conversaciones del móvil como un elemento fáctico (...) desde el primer momento ha ejercitado todo tipo de acciones para eludir la entrega del terminal móvil, especialmente cuando le fue aclarado que pese al recurso interpuesto se tenía que realizar la entrega del mismo", critica.
En definitiva, a su juicio existe una "objetiva, clara y contumaz desobediencia judicial al incumplir deliberadamente una orden judicial clara y específica, notificada adecuadamente, realizando una resistencia persistente y consciente, con la intención de desprestigiar la autoridad judicial y proporcionar una imagen de que se puede desafiar, desobedecer y denostar las órdenes de la misma".
Esta diligencia, la de la entrega del teléfono, se enmarca en el procedimiento que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, el magistrado Adolfo Carretero, contra el exportavoz de Sumar por el presunto delito de agresión sexual del que le acusa la actriz.
Cabe recordar que Errejón y Mouliaá ya fueron citados previamente para que entregasen su teléfono. La actriz acudió al juzgado el pasado mes para tal fin, pero allí fue informada de que su teléfono no podía ser analizado por problemas técnicos.
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