Madrid, 8 abr (EFE).- Entre los últimos cinco años los funcionarios de prisiones han requisado un total de 12.882 móviles en las cárceles dependientes de la administración central, la mayor parte en las de Valdemoro (Madrid III), Málaga y Almería, según denuncian la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT.
Sólo en 2024 se decomisaron 2.884 dispositivos, una situación que genera "graves consecuencias para el orden interno" con su compraventa en los mercados negros dentro de las prisiones, ya que la utilización de estos dispositivos está prohibida dentro, advierten en un comunicado.
El año pasado, Almería, cono 195, Estremera (Madrid VII), con 180 y Málaga I, con 161, lideraron las cifras de móviles incautados.
Los sindicatos señalan que muchos de los dispositivos son utilizados por internos "especialmente peligrosos", como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género u organización criminal.
Ello permite que los presos puedan "eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de las actividades delictivas", y al mismo tiempo "genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia", según los sindicatos.
Además, los terminales son cada vez "más pequeños" y los materiales con los que son fabricados, cada vez más plásticos, hacen que puedan escapar "fácilmente" de los detectores de metales y se puedan esconder, lo que obliga a realizar "requisas exhaustivas" que requieren de formación especializada y más personal.
Los sindicatos apuntan a nuevos métodos de introducción, como el uso de drones, con los que se pueden sobrevolar las instalaciones y depositar objetos con precisión.
"Frente a este panorama, es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones", aducen.
Es por ello que reclaman una respuesta "firme, moderna y eficaz" para hacer frente a lo que consideran como "una amenaza constante". EFE
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