La comunidad universitaria pide más informes vinculantes para autorizar nuevos centros

Ruth del Moral

Madrid, 7 abr (EFE).- La comunidad educativa presenta esta semana las alegaciones al decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que eleva los criterios académicos y financieros para mantener en activo una universidad, y la mayor parte del sector reclama más informes vinculantes y que sean independientes.

La principal novedad del nuevo decreto es que los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas equivalentes, que antes solo eran preceptivos, ahora serán vinculantes.

Aunque dentro de la comunidad universitaria hay voces que reclaman también que el informe que elabora el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que vota la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), donde están presentes el Ministerio y las Comunidades Autónomas, también sea definitivo.

Los rectores y rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) han dejado claro que "rechazan la autorización de universidades a pesar de los informes negativos (no vinculantes) de las agencias de calidad universitaria, ya que va en detrimento de la calidad del sistema universitario español en su conjunto".

Y los sindicatos de enseñanza pública y de estudiantes también lo piden: "parece lógico que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria sea vinculante", señalan fuentes de CCOO a EFE, mientras que la secretaria del Sector de la Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, incide en que "ambos informes deberían serlo".

 "Sin menoscabo de las competencias de los gobiernos autonómicos, entendemos que tanto el informe de la ANECA o agencias regionales como el de la Conferencia de Política Universitaria deben ser vinculantes", recalca.

Fuentes del Vicerrectorado de Estudios de la Universidad Autónoma de Madrid van en la misma dirección y afirman que "la experiencia me hace desconfiar mucho de la objetividad de las agencias autonómicas, que no dejan de ser parte de esas administraciones".

En este sentido aluden a la facilidad con la que las privadas en Madrid verifican nuevos títulos o modifican los existentes, "que no es comparable con las exhaustivas exigencias que nos piden a las universidades públicas, teniendo plantillas de profesorado, doctor, recursos e investigación, mucho más potente que en las privadas".

"Claro que nos gustaría que fueran vinculantes los dos informes", coinciden fuentes de la Universidad Complutense de Madrid, que a su vez instan a una "adecuada financiación para asegurar los procesos de evaluación de la calidad".

El vicepresidente de política universitaria del sindicato de estudiantes de las universidades públicas CREUP, Jorge Lahoz, también señala a EFE que la Conferencia de Política Universitaria tiene una visión "más general" para evaluar la conveniencia de una nueva universidad.

Sin embargo, en opinión del secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas (CCS), Miguel Ángel Acosta, lo importante es dotar con recursos estas agencias de evaluación para que hagan un trabajo correcto e independiente ya que "hay comunidades con agencias no acreditadas ni registradas".

"Las agencias deben hacer su trabajo de forma independiente y saber detectar lo que no tiene calidad y si es así proponer su cierre", recalca al tiempo que explica que hay que "preservar las competencias autonómicas".

El Ministerio se ha reunido esta semana con la CRUE y lo hará la próxima con la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades.

Esta entidad apunta a EFE algunas de las enmiendas que presentarán.

Por ejemplo que las memorias de centros presenciales se diferencien de las de las universidades virtuales, que deben regirse por requerimientos y evaluaciones diferentes. También pedirán que solo se llame universidad a aquella que cumpla con docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

 "Puede haber otro tipo de centros, como existen en Francia o en EEUU con los 'Colleges', y diferenciando eso sabemos a lo que estamos accediendo", explica el secretario general de la CCS.

 En cuanto al número de alumnos y a las tres áreas de conocimiento obligatorias cree que son requisitos "muy encorsetados" y apuesta por la especialización en las universidades, como ocurre con las politécnicas.

Por otra parte, universidades privadas como el CEU, con más de 90 años de historia, explican a EFE que con 250.000 alumnos "la calidad de su enseñanza está asegurada" y avanzan que presentarán aportaciones "siempre en defensa de la enriquecedora aportación que realizan las universidades privadas de calidad al sistema universitario".

Los sindicatos piden más contundencia y el de estudiantes universitarios CREUP contempla como enmiendas garantizar plazas en todas las titulaciones, ajustar la oferta académica oficial a la demanda del territorio con un mapa de titulaciones y un curso de competencias psicopedagógicas para el profesorado de al menos 300 horas.

Otras demandas que harán llegar al Ministerio son que las universidades tengan instalaciones para el desarrollo de la vida universitaria y que las comunidades autónomas no puedan destinar financiación pública a universidades privadas.

CCOO, UGT y CSIF centrarán sus alegaciones en garantizar la financiación para llegar al 1 % del PIB en 2030. Comisiones cree que debe haber "una parte de financiación finalista en los Presupuestos Generales del Estado", UGT insta a aumentar la oferta de plazas públicas para los estudios más demandados. Y CSIF que pide empezar con la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que lleva casi dos años de retraso.EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código de referencia: 21575658, 1481178, 21325528 y otros)