El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha reivindicado este miércoles la iniciativa de su partido en la cuestión prejudicial que planteó a la Audiencia Provincial de Sevilla para elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciara sobre las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional (TC) de julio de 2024 tras los recursos de amparo que presentaron los exaltos cargos socialistas condenados en la llamada pieza política del caso ERE.
Martín ha situado la providencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como "un paso más en este proceso impulsado y originado en una denuncia que el Partido Popular interpuso hace más de una década" y que iba encaminado, según su análisis, a que "se esclareciera el caso de corrupción mayor y más grave de la historia de España, que es el de los ERE".
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acaba de instar a las partes personadas en el caso ERE a pronunciarse sobre si el Constitucional "se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Supremo".
Martín ha defendido que, a falta de una nueva sentencia de la Audiencia de Sevilla, como le pidió el Constitucional en respuesta a los recursos amparados de los condenados, "sus responsables, por mucho que desde el PSOE quieran decir, fueron condenados y, a día de hoy, siguen condenados por la justicia".
El portavoz parlamentario del PP-A ha argumentado que "nosotros confiamos plenamente en esa justicia", en alusión a las sentencias de la Audiencia de Sevilla y su ratificación por el Tribunal Supremo, mientras que en paralelo ha considerado que "el Tribunal Constitucional, ya lo dijimos en su día y lo decimos hoy también después de esta providencia, se extralimitó en sus funciones, invadiendo funciones que eran de otra instancia, como el Tribunal Supremo o como la Audiencia de Sevilla".
Ha sostenido en su reproche hacia el Constitucional que "no tuvo en cuenta la normativa europea" a la hora de enjuiciar figuras delictivas "que tienen que ver con la corrupción y el mal uso del dinero".
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