Los oncólogos ven falta de transparencia en la autorización de tratamientos en la privada

Madrid, 18 mar (EFE).- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) percibe falta de transparencia en la autorización de fármacos a pacientes en la sanidad privada porque no siempre depende del facultativo, sino de asesores externos y de la aseguradora que argumentan problemas de coste-efectividad.

Los oncólogos médicos han emitido este martes un comunicado de prensa después de que ayer reconocieran su preocupación por el proceso de prescripción de tratamientos en la sanidad privada y recordaran que desde 2021 han creado un grupo específico de trabajo sobre este asunto, que ha "saltado al dominio público".

"La decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente" explica la SEOM.

Y añade que estos actores "en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad".

No obstante, la sociedad médica envía un mensaje de confianza a los pacientes y respalda la labor que hacen los oncólogos médicos y recuerda que sigue trabajando para recopilar toda la información disponible y salvaguardar la libertad de los facultativos para la prescripción basada en las evidencias científicas.

A este respecto, la empresa Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras privadas para el asesoramiento oncológico, ha defendido en un comunicado su experiencia y sostiene que "la decisión final de la prescripción es siempre del facultativo que esté tratando al paciente".

"Bienzobas en ningún caso deniega uno u otro tratamiento, la decisión final de prescripción es siempre del facultativo" afirma la empresa, que precisa que su asesoramiento se basa en el principio de la Organización Mundial de la Salud, que aboga por el uso racional del medicamento.

Y añade que los pacientes tiene que recibir "fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo adecuado de tiempo y al mínimo coste posible para ellos y para la comunidad'.

Ante la polémica, el sindicato CSIF ha reclamado la convocatoria del Consejo General de Muface para analizar la situación de esta mutualidad para funcionarios tras la última licitación y la próxima firma del concierto sanitario, ya que quieren que se garantice la atención a estos pacientes que no pueden acudir a la sanidad pública y dependen de las aseguradoras privadas.

El Ministerio de Sanidad volvió a reivindicar este lunes a la sanidad pública como la red de seguridad de los pacientes y donde se prescriben los medicamentos según la evidencia científica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado, Javier Padilla, se referían así a una información publicada en el periódico ABC, que aseguraba que la empresa intermediaria Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras privadas, frena terapias oncológicas habituales en la sanidad pública por su alto coste. EFE