Madrid, 14 mar (EFE).- El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué acude este viernes a un juzgado para declarar como investigado por el papel que jugó, junto al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales, en las negociaciones que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí y por las que se pactó una prima de 4 millones anuales para su empresa.
El también máximo accionista del Fútbol Club Andorra está citado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), que también investiga a los expresidentes federativos Luis Rubiales y Pedro Rocha en una causa que nació en junio de 2022 y que gira en torno a varios contratos de la RFEF.
Piqué comparece un día después de aportar al juzgado quince facturas, de 800.000 euros cada una, que suman 12 millones de euros, emitidas por sus empresas a la Federación de Fútbol saudí desde 2022 hasta el 2025 por sus servicios de "intermediación" y "asesoría". Las últimas son del pasado enero, si bien fuentes jurídicas recuerdan que la cuenta de su empresa está bloqueada desde hace casi un año.
Con esos documentos, junto con los comprobantes bancarios de pago derivados de "los servicios prestados por la celebración de la Supercopa" en Arabia Saudí, Piqué quiere demostrar la "normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados".
La presunta intervención de Gerard Piqué se circunscribe al contrato que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF y el primero aún jugaba en el Barça, equipo que participaba en el torneo.
Lo que investiga la magistrada son las "posibles ilegalidades" en los acuerdos firmados el 11 de septiembre de 2019 entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sport Company, en los que se fijó una "prima de éxito" de 4 millones al año para una "tercera parte agente" que no se identificaba en el contrato, frente a los 40 millones anuales en favor de la Federación, durante seis años.
Ese "tercer agente", decía la jueza en un auto, se reveló en un documento aparte firmado entre Rubiales, Sela y Gerard Piqué como representante de Kosmos.
Un año después, en 2020, se firmaron unas adendas que prorrogaron los acuerdos cuatro años más. "En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones de euros y para la empresa de Gerard Piqué 40 millones", apuntó la magistrada.
Y en esos contratos, añadía, se incluyó una cláusula "esencial" por la que RFEF "trataba de garantizar" el pago de esa comisión de 4 millones anuales a favor de Kosmos, "aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela".
La Guardia Civil plasmó en un informe las sospechas de que Piqué jugó una "parte activa" como intermediario, a través de una sociedad, en las negociaciones para celebrar la Supercopa fuera de España, cuando Rubiales llegó al mando de la RFEF.
Dicha sociedad recibió un mandato de exclusividad de la RFEF para buscar "opciones de negocio" en Estados Unidos, China y Japón, si bien finalmente la opción que triunfó fue la de la empresa saudí.
La tesis de los investigadores es que la empresa de Piqué habría intermediado realmente en favor de la RFEF y no de Sela, y que la Federación habría ocupado una "posición de garante frente a los derechos económicos de Kosmos".
Es más, en otro de los informes que obran en el sumario, los agentes indican que la Federación "consideró el pago de sus comisiones una 'obligación esencial del acuerdo', reservándose el derecho a rescindir unilateralmente unos contratos que representan para la RFEF unas perspectivas de ingresos de 400 millones de euros para el periodo 2020-2029".
Por ello, infieren, que la participación de Kosmos y sus retribuciones "pudieran haberse consensuado con la RFEF" y que, en consecuencia, la Federación podría haber tenido intereses "por asegurar que Kosmos" percibiese su comisión. EFE
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