Madrid, 11 mar (EFE).- La Fundación Raíces ha denunciado el abandono de España a A. A., un menor gambiano que fue expulsado de un centro de menores el año pasado pese a que su documentación decía que tenía 14 años, al que la ONU pidió proteger como menor y al que la ONG ha perdido la pista después de que huyera a Francia.
La última noticia que tuvo de él la letrada de la entidad, Paloma García de Viedma, es que el joven se había marchado al país vecino con "la ayuda de un señor", que estaba en una residencia de menores en Francia y que deseaba que no le buscara más, según ha informado este martes la fundación en un comunicado.
La entidad trató de confirmar este extremo, contactando con el sistema de protección a la infancia francés y con otros profesionales, pero no han logrado comprobar lo señalado por el niño, que desde la ONG temen que pueda responder al modo de actuar de las redes de explotación infantil que presionan a los jóvenes para mandar este tipo de mensajes.
A. A. llegó a Las Palmas de Gran Canaria con tan solo 13 años en agosto de 2023 y fue trasladado a diversas provincias hasta que se quedó en la calle en octubre de 2023, "tratado como adulto pese a que portaba fotocopia de su documentación que acreditaba su minoría de edad", recuerdan desde la ONG.
El joven había solicitado su pasaporte en Gambia antes de migrar y cuando lo recibió a finales de 2023 fue a la Embajada de su país en España para que lo examinaran y esta certificó que el documento, que señalaba que el chico nació el 9 de diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia, era "válido y auténtico".
La entidad puso al joven a disposición de los servicios de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid e ingresó en un centro de menores pero, posteriormente, la Fiscalía decretó su mayoría de edad por albergar dudas sobre la fiabilidad de este documento y el menor fue expulsado en febrero de 2024.
Apelado por la ONG, el 14 de febrero de 2024, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas exigió a España como medida cautelar "y con el fin de prevenir un daño irreparable" al joven que el Estado adoptase las medidas necesarias para transferir al joven a un centro de menores mientras estudiaba su caso.
La entidad trasladó esta comunicación de la ONU al Gobierno, la Justicia y a diversas instituciones como el Defensor del Pueblo, que insistió en la necesidad de proteger como menor al chico, pero no se tomó ninguna medida en este sentido.
Desde la ONG también lamentan que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Madrid han notificado recientemente el archivo del procedimiento.
En 2024, Fundación Raíces defendió los derechos de 108 niños que habían sido incorrectamente identificados como adultos por la Fiscalía e identificó a 75 en situación de desamparo en la Comunidad de Madrid.
Se trataba de jóvenes de Senegal, Guinea Conakry, Gambia, Camerún, Mali, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Marruecos y Burundi, de entre 14 y 17 años, la mayoría trasladados desde Canarias.
En 27 de esos casos ya se ha reconocido que efectivamente eran menores de edad y actualmente la entidad trabaja en más de 60 procesos de determinación de la edad ante la Fiscalía o los tribunales.
La ONG ha subrayado que Naciones Unidas ha emitido 14 dictámenes en los que considera que el procedimiento de determinación de la edad en España ha violado el derecho de los jóvenes a preservar su identidad al atribuirles una fecha de nacimiento distinta de la suya propia a pesar de que disponían de documentación válida y que España ha incumplido su obligación de protegerles.
Por lo que celebra que, aunque con tres años de retraso, haya por fin en tramitación parlamentaria una modificación legislativa de estas características, cuyas enmiendas a la totalidad del PP y Vox se debatirán el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. EFE
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