Junts ha creado un grupo de trabajo interno sobre inmigración para abordar cuestiones e iniciativas que pueden plantearse tras el acuerdo con el PSOE para el traspaso de las competencias en esta materia y su futuro despliegue.
Así lo han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, teniendo en cuenta que la proposición de ley orgánica registrada sobre inmigración registrada en el Congreso contempla cambios sobre asuntos como extranjería, contratos de trabajo, control e integración a lo largo de 13 artículos y tres disposiciones adicionales.
El objetivo del grupo es anticipar y poner sobre la mesa debates relacionados con el fenómeno inmigratorio y la translación que pueden tener normativamente en el momento que tenga efectividad el traspaso, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Así, el grupo de trabajo analizará la asunción de competencias acordada, lo que implica, qué recursos deben ponerse a disposición y que deberá retocarse o ajustarse cuando la ley esté operativa.
Para cubrir todos los frentes posibles, Junts ha incorporado en el grupo de trabajo la exconsellera Victòria Alsina; el diputado en el Parlament Agustí Colomines; la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y nombres como el de Eric Bertran con vínculos con entidades de la sociedad civil y el de otros diputados y técnicos de la formación.
APORTACIONES DEL MUNDO LOCAL
También se quieren tener en cuenta las aportaciones del mundo local y contar así con el punto de vista de alcaldes y técnicos municipales, teniendo en cuenta que es la administración más cercana al ciudadano.
Así, todas las partes nutrirán de propuestas e información a la comisión de trabajo, que seguirá operativa hasta que la ley se implemente y sea una realidad.
CUATRO MODELOS
En la negociación entre el PSOE y Junts para el redactado de la proposición de ley tuvieron en cuenta lo que recogen cuatro modelos en materia de inmigración: el de Baviera, el de Quebec, el neerlandés y parte del de Escocia, han explicado las citadas fuentes.
Ahora también pueden servir a Junts como base para estudiar como se han desplegado e implementado determinadas políticas, también en el ámbito lingüístico.
Este viernes, precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que la actual legislación ya dice que los ciudadanos extranjeros tienen que conocer no solo el castellano sino el resto de lenguas cooficiales como el catalán al ser interrogado sobre si los inmigrantes deberán hablar catalán para obtener el permiso de residencia.
COMPETENCIAS
La proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada, y llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con Guardia Civil y Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas.
Además, Catalunya se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español, y se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
El acuerdo también recoge que Catalunya ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos: por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
La Generalitat, además, determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya las pueda ejercer, y sólo de este modo podrá desarrollar un modelo propio con "una política integral".
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