Pável Carballido García
Madrid, 25 feb (EFE).- El anuncio del Gobierno de demoler definitivamente el hotel de El Algarrobico (Almería) ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de construcciones con grave impacto ambiental cuyos litigios judiciales se demoran por lo contencioso-administrativo, ya que "solo se declara la nulidad del acto, lo que devuelve la pelota a la propia administración”, denuncian expertos.
Así lo explica a EFE la abogada de Greenpeace, Inés Díez, puesto que, si las autoridades municipales o autonómicas en cuestión no actúan voluntariamente en consecuencia con la decisión judicial, “hay que iniciar un procedimiento de ejecución cuyas resoluciones se pueden recurrir”, lo que “eterniza el proceso".
Entre "los otros Algarrobicos" figura el complejo turístico de la Isla de Valdecañas (Cáceres), situado en un pantano que es zona de especial protección para aves y cuyo terreno fue recalificado en 2007 por la Junta de Extremadura para dar luz verde al proyecto.
En 2011 una denuncia de Ecologistas en Acción llevó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a declarar nulo el permiso de construcción. Desde entonces, el complejo -a medio levantar- es objeto de un dilatado proceso judicial que espera ahora el fallo del Tribunal Constitucional, después de paralizar la última orden de derribo emitida por el Tribunal Supremo en 2023.
Díez denuncia que estos procedimientos suelen generar resistencia por parte de las administraciones competentes "para evitar las indemnizaciones que reclaman las empresas tras el derribo de sus obras", aunque también existen conflictos entre administraciones a la hora de asumir los costes de la propia ejecución, como en el caso de la urbanización abandonada de El Greco, en Denia (Alicante), en el Parque Natural de El Montgó y con orden de derribo desde 2008.
Pese a la desaparición de la promotora suiza que inició las obras en 1973 y el abandono definitivo de la construcción en 1987, Ayuntamiento y comunidad autónoma no han llegado a un acuerdo sobre la demolición de más de 100 chalets nunca habitados o sobre un plan de restauración paisajística del terreno que, para el presidente de la junta rectora del parque, Joan Sala, sería “muy positiva” y “símbolo del fin de las aberraciones urbanísticas”.
Para no tener que afrontar indemnizaciones, costes de demolición y restauración o -como en el caso del Algarrobico- procesos de expropiación, Díez insiste en la importancia de impedir que las administraciones concedan licencias a proyectos que puedan incumplir la normativa medioambiental.
El responsable de biodiversidad de Ecologistas en Acción, Jaume Grau, también ha lamentado a EFE "la lentitud de la Justicia" que permite que “tanto empresas como administraciones con poca sensibilidad ambiental actúen por la vía de los hechos consumados”.
Debido a la larga duración de los juicios, “muchas veces cuando se consigue ejecutar el derribo, ya no se puede recuperar lo perdido” por la disminución de la calidad ambiental del terreno, añade Díez.
Otros impactos ecológicos se resuelven de mejor manera, como sucedió con el complejo turístico del Club Méditerranée, edificado en los años 60 sobre lo que tres decenios después se declaró Parque Natural del Cabo de Creus (Girona), en un terreno que quedó protegido como reserva natural integral por su “singularidad geológica”, que lo convierte, según Grau, en un “museo natural a cielo abierto”.
La imposibilidad de la empresa propietaria de ejecutar las reformas necesarias para adaptar el complejo a los estándares ecológicos, llevó a abandonar el proyecto en 2004 y vender el terreno a la Generalitat de Cataluña, que "deconstruyó casi piedra a piedra" las instalaciones y completó una restauración que dejó la zona en un estado “prácticamente idéntico” al que tenía previamente.
Más allá del coste económico, unos diez millones de euros entre la compra y la restauración, destaca que "la voluntad política y la ejecución fueron ejemplares: ojalá la Junta de Andalucía o la de Extremadura hubieran procedido igual con el Algarrobico y Valdecañas”. EFE
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