Madrid, 10 feb (EFE).- El Ministerio de Sanidad supeditará el reparto a las comunidades de los fondos correspondientes al plan antisuicidio al cumplimiento que hagan de sus acciones, que van desde fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas a limitar el acceso a medios letales y aplicar una perspectiva de género.
El "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027" que estudiará el Consejo Interterritorial el próximo viernes junto a un plan de acción de Salud Mental no especifica la cuantía con la que estará financiado el plan, pues está condicionado a los Presupuestos Generales del Estado, explican a EFE fuentes del Ministerio.
Aunque sí deja claro que el reparto de crédito entre comunidades "estará supeditado al cumplimiento de acciones" recogidas en el plan y se hará conforme a los criterios debatidos con el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del SNS" que tendrán que ser sometidos a su aprobación por el pleno del Interterritorial.
Por lo demás, el documento, al que ha tenido acceso EFE, consta de seis líneas estratégicas con 40 acciones, como ya avanzaron la ministra Mónica García y la comisionada de Salud Mental, Belén González. Su objetivo, prevenir las más de 4.000 muertes que se producen cada año por esta causa con un enfoque en los determinantes sociales de salud.
Fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.
El suicidio es un fenómeno "complejo y multicausal", lo que hace muy difícil predecirlo, aunque sí hay grupos con riesgo mayor, y por ello hay que priorizarlos: personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores, sobre todo las que viven en situación de soledad no deseada; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia, física, psicológica o emocional; con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios.
Las seis líneas de actuación que dibuja son las siguientes:
1. Información de calidad, con iniciativas como la creación, dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, de un sistema de vigilancia en salud mental que incluya la conducta suicida, con la idea de llegar a la aprobación de un Real Decreto de Vigilancia en salud mental que incluya la vigilancia de la conducta suicida.
O la puesta en marcha de un Observatorio para la Prevención del Suicidio o la promoción de un registro y seguimiento de la conducta suicida.
2. Sensibilización, con campañas estatales y regionales de frecuencia anual.
3. Prevención en situaciones de vulnerabilidad: el plan plantea mecanismos para identificar personas que pertenecen a uno de los grupos de riesgo.
Aquí es clave un abordaje con perspectiva de género ante las inmensas diferencias entre hombres y mujeres: la mortalidad por suicidio en España en 2023 fue de 8 muertes por cada 100.000 habitantes y siempre es mayor en hombres; la brecha se va agrandando en todos los grupos de edad hasta llegar al máximo a los 90 años, cuando ellos presentan una tasa de 46,3 frente al 4,4 de ellas.
"En los hombres mayores, aspectos como el aislamiento social y los estereotipos de masculinidad dificultan la expresión emocional y el acceso al apoyo, lo que incrementa su vulnerabilidad. Factores como la socialización femenina respecto a los cuidados, la expresión emocional a través del cuerpo y unas condiciones de vida más precarias pueden influir en la presentación de conducta suicida diferencial entre los hombres y las mujeres", argumenta el texto.
4. Prevención en todas las políticas, con acciones como limitar el acceso a los medios letales (armas de fuego y medicamentos innecesarios), reforzando la seguridad en los puntos críticos identificados mediante intervenciones específicas. Las medidas abarcan la instalación de barreras físicas para restringir el acceso a estos medios y la mejora del diseño de espacios públicos con un enfoque de seguridad.
Invita a promocionar iniciativas para reducir el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. "Las adicciones pueden surgir como consecuencia de problemas de salud mental, bien como mecanismos de compensación o de afrontamiento, pero las conductas adictivas pueden también originar o agravar problemas de salud mental", resume.
También favorecer la implementación de autopsias psicológicas en casos específicos de suicidio. Los más específicos irían destinados a niños y adolescentes, aunque "se puede contemplar su realización" en prisiones, servicios de salud o el entorno laboral.
En este último ámbito, invita a crear espacios saludables que protejan el bienestar de las personas o mejorar la prevención de los riesgos psicosociales.
5. Abordaje sanitario: adecuar las urgencias de los hospitales, potenciar el código de riesgo de suicidio y ofrecer programas de prevención a personas con enfermedad grave y/o dolor.
6. Abordaje integral: Promover la participación de supervivientes y sobrevivientes en el diseño, implementación y evaluación del plan, mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de asistencia y emergencia regionales son algunas de las acciones de esta línea. EFE
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