Madrid, 3 feb (EFE).- La asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, niega que veintiún secretarios provinciales de la entidad hayan pedido la dimisión del secretario general, Ernesto Vilariño, por efectuar gastos “supuestamente irregulares”, y acusa de “deslealtad” a los autores de estas acusaciones, al tiempo que promete “transparencia” en las cuentas.
Así ha respondido en un comunicado tras la publicación de una carta abierta de la plataforma Regeneremos Jucil, supuestamente firmada por veintiún secretarios provinciales de la entidad en la que acusan a Vilariño de “malas praxis” al contratar la agencia del exdiputado de Ciudadanos Pablo Yáñez para dirigir la comunicación interna de la asociación.
“Lamentamos este tipo de actuaciones de deslealtad, que ponen en riesgo la buena imagen labrada por la asociación profesional durante estos años”, señala la organización, que asegura que las acusaciones vertidas contra el secretario nacional y el comité ejecutivo nacional “ya fueron objeto de debate y explicación” en una reunión informativa con los secretarios el 23 de diciembre “siguiendo los cauces establecidos en los estatutos”.
Afirman que la misiva “está firmada por una supuesta plataforma” de la que Jucil “no tiene constancia alguna” y que, además, no “representa a ningún colectivo” ni “identifica a ningún firmante”.
Es por ello que critican que la carta “sólo busca desprestigiar la trayectoria de la asociación, cuyo único fin es proteger y defender los derechos de todo el cuerpo”.
Al mismo tiempo, la organización avanza que sus cuentas “serán auditadas y sometidas, como siempre, a la aprobación de la asamblea” y recuerda que su misión principal es “lograr la equiparación salarial para los guardias civiles”
“Somos una asociación independiente y apolítica, que representa a una pluralidad de guardias civiles”, zanjan. EFE
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