El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, ha anunciado este martes que su partido se personará como acusación popular en el caso de los contratos "a dedo" de centros de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid cuando la Consejería de Educación estaba dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea, y Rocío Albert, actual consejera de Hacienda, era viceconsejera.
Según ha adelantado este martes 'eldiario.es', el juzgado de instrucción número 39 de Madrid investiga presuntos delitos de prevaricación en varias adjudicaciones. El proceso pasaba por dividir una obra en contratos menores de 50.000 euros e independientes entre sí para poder así elegir al constructor, acortar los plazos y evitar una mesa independiente de contratación y la fiscalización posterior.
En declaraciones a los medios antes de asistir al 16 Congreso Regional de UGT Madrid, Celada ha censurado este "escándalo", que comenzó con una investigación encargada por el actual consejero de Educación, Emilio Viciana, tras recibir una denuncia de un empresario al que se le debía 1 millón de euros.
"Viciana inicia un expediente de investigación dentro de su propia Consejería y descubre una cosa que es evidente, que el PP no quiere poner la maquinaria administrativa pública al servicio de los madrileños, no quiere hacer mesas de contratación, y que la política del PP consiste en entregar a dedo la construcción de los centros de Formación profesional en Madrid siempre a un grupo de empresas muy concreto", ha resumido el portavoz.
La investigación determinó que había indicios de responsabilidad penal, por lo que trasladó el caso a la Fiscalía en marzo de 2024, que pasó el asunto a Anticorrupción, según 'eldiario.es'. Ahora ha recibido íntegra esa investigación el juzgado de instrucción 36 de Madrid, después de que Podemos pusiera una denuncia.
En este sentido, el portavoz socialista en la Cámara de Vallecas ha avanzado que el PSOE se personará como acusación popular. "Esto pone de manifiesto que el PP es experto en trocear contratos", ha resaltado.
Al hilo, ha recalcado que pedirán tanto a Ossorio como a Albert y a Viciana explicaciones para averiguar desde cuándo se está aplicando esta política, si sigue en la actualidad y qué empresas son las que han sido las beneficiarias "de este sistema de supuesta corrupción".
"¡Qué paradojas tiene esto del lenguaje castellano, del español, que estemos hablando de trocear una ley, que el PP nos pide al PSOE trocear una ley, y vemos que los expertos en trocear contratos es el PP aquí en la Comunidad de Madrid", ha ironizado sobre el 'decreto ómibus' con medidas sociales que no salió adelante en el Congreso por los votos en contra de PP, Junts y Vox.
Para Celada, se trata de "la punta del iceberg de 30 años de política de un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid", un caso "escandaloso de supuesta corrupción" que desde el PSOE "perseguirán políticamente como es debido".
INVESTIGACIÓN IMPULSADA DESDE LA PROPIA CONSEJERÍA
Desde el departamento que dirige Emilio Viciana han subrayado que fue la propia Consejería de Educación la que detectó presuntas irregularidades en algunas actuaciones relacionadas con contratos de centros de FP y las puso en conocimiento de la Fiscalía para que lo investigase.
En cualquier caso, han apuntado, el asunto está judicializado y desde esta Consejería se seguirá colaborando con la justicia, "revisando otras actuaciones y llevando a la Fiscalía cualquier irregularidad que detecte".
Por su lado, la consejera Rocío Albert se ha manifestado en la misma línea. "Es la propia Consejería de Educación la que lo ha puesto de manifiesto y la que lo llevó al Ministerio Fiscal y que el tema está judicializado, no tenemos nada que esconder", ha indicado en declaraciones a los medios dudante un acto en la Consejería.
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