El Gobierno saca adelante su decreto anticrisis con 175 votos a favor tras amarrar ‘in extremis’ el apoyo del BNG y la abstención del PP

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio, tras una votación que ha despejado las dudas mantenidas durante buena parte de la mañana. La norma ha salido adelante con 175 votos a favor, las abstenciones de PP y Podemos y el voto en contra de Vox, consolidando así una mayoría suficiente para su aprobación.

El Ejecutivo ha logrado reunir los apoyos parlamentarios necesarios gracias al respaldo de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y, finalmente, el BNG, cuya decisión ha resultado determinante para asegurar la holgura en el resultado. La formación nacionalista gallega ha anunciado su voto favorable a última hora de la mañana, alegando “responsabilidad política”, aunque ha subrayado que considera insuficientes las medidas incluidas en el decreto.

Pasadas las 13:00 horas, el Partido Popular ha anunciado su abstención, un movimiento que ha perdido relevancia en términos numéricos tras el posicionamiento del BNG. Por su parte, Coalición Canaria ha confirmado su voto favorable después de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para compensar económicamente aquellas medidas del decreto que no se apliquen en el archipiélago. La cuantía concreta de esta compensación se definirá el próximo lunes.

Rebajas fiscales y ayudas directas

El decreto convalidado incluye un amplio paquete con 80 medidas fiscales, sociales y económicas orientadas a mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles. Entre las principales iniciativas figura la rebaja del IVA de los carburantes al 10% y la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitirá un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito para un vehículo medio.

En el ámbito energético, la norma contempla una reducción del 60% en la carga impositiva de la electricidad, con la bajada del IVA al 10%, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica y la disminución del impuesto especial del 5,11% al 0,5%. Asimismo, el IVA del gas natural, los pellets y la leña también se reduce al 10%, mientras que se congelan los precios del butano y el propano.

El decreto incorpora además una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para las industrias con mayor consumo energético, así como la extensión durante todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. A ello se suma el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y la prohibición de interrumpir los suministros básicos a los hogares vulnerables.

En cuanto a las ayudas directas, el texto establece una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de una ayuda equivalente destinada a la adquisición de fertilizantes.

Medidas estructurales y laborales

El plan aprobado no se limita a medidas coyunturales, sino que también incorpora iniciativas de carácter estructural orientadas a reforzar la independencia energética y fomentar la transición hacia modelos más sostenibles. Entre ellas destacan las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes, así como el impulso al autoconsumo energético.

En el ámbito empresarial, el decreto incluye la prórroga de la moratoria contable para las pérdidas registradas durante la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021, con el objetivo de evitar que empresas afectadas entren en causa de disolución. Asimismo, se prohíbe el despido objetivo en aquellas compañías que se beneficien de las ayudas contempladas en la norma.

El texto también refuerza los planes de movilidad sostenible, obligando a las empresas de más de 200 trabajadores a facilitar el desplazamiento de sus empleados al centro de trabajo mediante alternativas más eficientes.

Estas medidas forman parte de un paquete económico más amplio, publicado previamente en el Boletín Oficial del Estado y dotado con unos 5.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Junto a este decreto, el Gobierno ha aprobado otro centrado en vivienda que incluye la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de contratos, aunque este segundo texto deberá afrontar una votación posterior en el Congreso sin una mayoría aún garantizada.