Gobierno y Canarias tienen ya casi cerrado un acuerdo para el reparto puntual de menores

Madrid, 21 ene (EFE).- El Gobierno central y el de Canarias tienen casi cerrado el texto que recogerá la fórmula para distribuir a unos 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades autónomas y aliviar así los recursos de las islas, que tutelan en la actualidad a más de 5.600 jóvenes.

Según han informado este martes fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que lidera estas negociaciones por parte del Gobierno, el texto está casi cerrado, a falta de que luego sea revisado por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado y estos órganos emitan sus dictámenes jurídicos.

La fórmula sobre la que se trabaja es una distribución puntual de los menores para la que no será necesario una modificación legislativa, han recalcado las mismas fuentes.

La discrepancia se encuentra ahora en los criterios de reparto, una cuestión sobre la que no hay acuerdo final pero en la que las posiciones no están tan alejadas, ya que ambas coinciden en que debe primar el factor de la población.

Por su parte, fuentes del Gobierno canario han confirmado a EFE que el acuerdo está prácticamente cerrado y pendiente solo de algunos matices.

Las diferencias, han detallado, es que el Ejecutivo central propone un modelo de distribución basado fundamentalmente en la población de cada comunidad y Canarias, por su parte, sugiere incorporar algún otro factor corrector más, aunque tomando también la población como referencia.

En cualquier caso, el Gobierno de Canarias no va a obstaculizar el acuerdo, sea cual sea el modelo que al final se elija, han precisado las fuentes.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes en declaraciones a los medios en el Senado que ambas partes mantuvieron una reunión la semana pasada y "se llegó a un acuerdo".

Anoche, ha relatado Torres, el presidente autonómico remitió una propuesta de algunos añadidos a este texto, que están siendo estudiados por los servicios jurídicos del Gobierno.

"Vamos a dejar trabajar a los equipos para que tengamos ese texto final, que luego tendrá que ser aprobado, lógicamente, en las Cortes Generales", ha señalado. EFE