La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con el objetivo de trasladarle las necesidades "prioritarias, irrenunciables e inaplazables" que se requieren en materia de Justicia en la Comunitat Valenciana y que se han agravado por las consecuencias de las inundaciones del 29 de octubre.
Esta es la segunda ocasión en que la titular de Justicia de la Generalitat solicita una reunión con el ministro para exponerle "personalmente" la situación en que se encuentra la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Desde su nombramiento, la consellera de Justicia y Administración Pública ha mantenido reuniones con diferentes operadores jurídicos y ha visitado distintas sedes de juzgados y tribunales para conocer de primera mano las necesidades de la administración de Justicia valenciana.
"Hay tres cuestiones que me preocupan especialmente, que se suman a la sobrecarga de trabajo de los tribunales: evitar el colapso de los juzgados de los tres partidos judiciales afectados por la riada, el impacto de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia en la Comunitat, y la situación que se deriva por el periodo de interinidad de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", ha expuesto la consellera Nuria Martínez.
Según ha recalcado, "no es la primera vez que manifiesto mi preocupación por el escenario judicial que vamos a tener que afrontar tras la riada. Debemos anticiparnos en la gestión de la dana judicial que se viene como consecuencia de las reclamaciones que se van a presentar en los juzgados de las sedes judiciales de Catarroja, Torrent y Requena y hasta ahora el Gobierno no nos ha ofrecido soporte alguno".
Por otro lado, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "es una de las comunidades autónomas que sufre una mayor carga de trabajo de todo el Estado, superando los indicadores aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Y esto se debe, principalmente, al déficit de órganos judiciales, que ha agravado la carga de trabajo que soportan los tribunales valencianos, hasta límites insoportables".
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