Madrid, 8 ene (EFE).- Una urbanización de lujo del madrileño distrito de Carabanchel ha sufrido una 'macrookupación' después de que un total de 28 pisos hayan sido usurpados por familias peruanas que 'compraron' los apartamentos a un supuesto clan en la cola de un comedor benéfico de una iglesia del barrio.
Según ha dado a conocer el periódico El Mundo, antes de Navidad, estas familias pagaron entre 2.000 y 2.500 euros por las viviendas, ubicadas en la calle Excelente 6.
A pesar de que la empresa Vivenio, propietaria del inmueble, ha implementado múltiples medidas para desalojar a los ocupantes, como el corte dos de los tres ascensores de la finca, no ha tenido éxito, ya que los okupas han logrado establecer su propio sistema de control interno, incluyendo un conserje que facilita el acceso desde dentro.
La urbanización afectada, la cual se encuentra en pleno corazón del nuevo Pau de Carabanchel Alto, dispone de unas 170 viviendas y áticos, además de aerotermia, gimnasio, piscina, pista de pádel, zona gastro exterior, trasteros, área infantil, conserje y cargadores eléctricos.
Sin embargo, los okupas carecen de agua caliente y calefacción, aunque disponen de luz y agua fría.
Los vecinos de la zona denuncian problemas de convivencia, como fiestas y peleas, que han generado un clima de inseguridad, y teman que la situación pueda derivar en actividades ilegales, como tráfico de drogas o negocios clandestinos.
En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la gravedad del problema, afirmando que aquellos que aseguran que en España no hay un problema de ocupación deberían visitar el barrio y hablar con los residentes.
A su juicio, el asunto no solo se debe abordar desde el punto de vista de la propiedad privada, sino también desde la perspectiva de la convivencia vecinal.
“Cuando se tiene una vivienda ocupada al lado, los vecinos deben afrontar dificultades, incomodidades e incluso peligros. Esto no se puede frivolizar”, ha señalado.
Además, ha insistido en la necesidad de cambiar la normativa para permitir la expulsión de los okupas en un plazo de 24 a 48 horas.
"No puede ser que ahora tengamos hasta un portero que abre la puerta a los ocupantes ilegales. Desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, pero necesitamos una legislación más eficiente”, ha concluido el edil. EFE
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