Belén Delgado
Madrid, 26 dic (EFECOM).- El rechazo de los agricultores españoles al pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur está motivado, entre otras cosas, por la dificultad de aplicar las normas europeas de producción a las importaciones del bloque sudamericano.
Los defensores del acuerdo en la UE insisten en que abre oportunidades comerciales, aumenta la protección de las indicaciones geográficas y refuerza los controles y los compromisos ambientales y laborales para los países del Mercosur.
Aunque el capítulo agrícola se cerró en 2019, los negociadores han introducido después más salvaguardias en el pacto, aprobado en diciembre a falta de su ratificación final.
Así, el nuevo acuerdo puede suspenderse si una de las partes incumple o abandona el Acuerdo de París de cambio climático, al igual que las concesiones pueden quedar sin efecto cuando el mercado interior europeo esté en problemas, tanto en productos liberalizados como en aquellos "sensibles" sujetos a cuotas de importación (como carne de vacuno y de ave, azúcar, etanol, miel y arroz).
Además, desde finales de 2025 solo podrán entrar en el mercado de la UE artículos libres de deforestación, como la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao, el café y el caucho, incluidos los procedentes del Mercosur.
La UE defiende que sus normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad alimentaria se aplican a todas las importaciones procedentes de terceros países (también los del Mercosur), como las que limitan el uso de pesticidas y prohíben la utilización de antibióticos y hormonas de crecimiento.
El economista del Centro Europeo para Política Económica Internacional (Ecipe) Oscar Guinea afirma a Efeagro que las llamadas "cláusulas espejo" (reciprocidad en las normas comerciales) no existen en los acuerdos internacionales.
Entre otros motivos, explica que el régimen europeo de pesticidas está adaptado a los riesgos fitosanitarios de Europa, por lo que exigirlo a países con otras condiciones y sistemas de producción agrícola es "desproporcionado" e "injustificado" según el derecho internacional.
Guinea reconoce que en todo acuerdo internacional hay ganadores y perdedores: en el caso del sector agroalimentario español pueden beneficiarse de las bajadas arancelarias productos como el aceite, la leche, el queso y el vino.
En la ganadería, las cuotas están por debajo de los niveles de importación actuales, por lo que -una vez que se cumplan- el nivel de protección de los productores europeos será el mismo que antes del acuerdo, añade el experto.
Sobre el fondo de reserva, del que se desconocen muchos detalles, Guinea señala que está pensado como una red de protección en vez de un instrumento que se vaya a utilizar desde el primer momento debido a las salvaguardias (cuotas y tarifas), que implican que "el acuerdo no alterará de forma radical el comercio de bienes primarios entre la UE y Mercosur".
Para el secretario general del laboratorio de ideas Farm Europe, Luc Vernet, la Comisión Europea no ha logrado incluir de manera efectiva los estándares europeos de producción en los acuerdos comerciales bilaterales "más allá de un lenguaje vago y genérico".
A su juicio, "los socios comerciales no quieren comprometerse con medidas que socaven su competitividad", como las impulsadas en los últimos años en la UE y que han afectado a su agricultura.
Vernet lamenta que el acuerdo carece de objetivos específicos de lucha contra la deforestación, no hay consecuencias previsibles si los países del Mercosur incumplen sus compromisos climáticos y tampoco se brinda una protección adicional a los consumidores.
La UE carece de capacidades para asegurar que sus normas se aplican a las importaciones, según el especialista, que cree que las cláusulas de salvaguardia son "demasiado amplias para ofrecer un mínimo nivel de protección y requieren un largo procedimiento para demostrar una relación causa-efecto con los desequilibrios del mercado". EFECOM
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