Madrid, 23 dic (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado la activación del mecanismo RED de flexibilización y estabilización del empleo para las empresas fabricantes de vehículos de motor, así como su cadena de valor, un sector que representa el 10 % del PIB y que da empleo a unas 200.000 personas.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, la activación del mecanismo RED permitirá hacer frente a los cambios estructurales que requieren la recualificación de las personas trabajadoras protegiendo el empleo y garantizando la competitividad futura de un sector estratégico para la economía española.
Este sector se enfrenta importantes problemas estructurales y coyunturales, como la transición hacia la movilidad eléctrica, los avances en la automatización y la presión de competidores internacionales.
El mecanismo RED se activa para un sector de la economía o por un ciclo temporal determinado y permite a las empresas suspender temporalmente el contrato de trabajo o reducir la jornada de los trabajadores, que durante ese tiempo reciben protección social.
Para acogerse al mecanismo, las empresas deberán presentar un plan de recualificación de sus trabajadores que debe tener por objetivo la mejora de sus competencias profesionales y su empleabilidad ante el cambio del sistema productivo.
Las acciones formativas deberán estar relacionadas, entre otros, con los retos derivados de la transición tecnológica, tales como el uso de nuevas tecnologías o la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos.
Este mecanismo viene a reforzar la apuesta del Gobierno por el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible, que ya cuenta con una inversión cercana a los 4.000 millones de euros del perte VEC.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la cuantía actual del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en los 1.134 euros brutos al mes, "para que no decaiga en 2025 mientras no se establece la nueva cuantía para el próximo año".
Esta previsto que, una vez se apruebe la nueva cuantía para 2025, entre en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
También se ha acordado extender la protección de los ERTE de La Palma para proteger a personas trabajadoras y tejido productivo mientras continúen los efectos económicos de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. EFE
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