El Gobierno aprueba este lunes el impuesto energético y la bonificación al transporte

Madrid, 22 dic (EFE).- El Gobierno celebra este lunes el último Consejo de Ministros del año, en el que se espera que apruebe una batería de medidas económicas, desde la extensión del gravamen a las grandes energéticas para 2025 a la prórroga de las bonificaciones al transporte o la subida de las pensiones.

Este lunes se aprobará un real decreto ley con la extensión del gravamen a las grandes energéticas a 2025, un compromiso del Gobierno con sus socios -ERC, Bildu y BNG- que todo apunta a que no logrará el aval del Congreso dada la oposición de PNV y Junts.

De hecho, tras la derogación del gravamen esta misma semana -con los votos de PP, Junts, PNV y Vox- el Gobierno tendrá que aprobarlo de nuevo en lugar de prorrogarlo como tenía previsto.

En cambio, por el momento no está confirmada la aprobación de la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla con la de la gasolina, algo que el Gobierno pretende hacer en un real decreto ley independiente que todavía está negociando con sus socios.

Según anunció la líder de Podemos, Ione Belarra, este lunes también se aprobará el mantenimiento durante el primer semestre de 2025 de las ayudas al transporte público que han estado en vigor desde septiembre de 2022, con lo que continuará la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional durante seis meses más.

Asimismo, se mantendrán las bonificaciones vigentes para algunas líneas ferroviarias y la gratuidad de las líneas de autobús competencia del Estado para viajeros recurrentes, al igual que los abonos transporte en Canarias y Baleares, y las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50 % del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano e interurbano.

El Gobierno subvenciona la rebaja del 30 % del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para viajeros habituales.

Belarra también avanzó que se prorrogará durante un año, todo 2025, la suspensión de los desahucios a los colectivos vulnerables, una medida puesta en marcha en 2020 por la pandemia.

Pero no está confirmado que se vaya a prorrogar la garantía de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables, ni que se vaya a modificar el calendario de reducción progresiva del bono social eléctrico, que, de mantenerse en sus términos actuales, se situaría en julio de 2025 en el 35 % para los consumidores vulnerables y en el 50 % para los vulnerables severos.

Otra de las medidas que aprobará el Consejo de Ministros es el real decreto ley de prórroga presupuestaria, con el que se ajustarán algunos elementos de las cuentas de 2023 -que son las que están actualmente en vigor, ya que nunca se aprobaron las de 2024- para adaptarlas al próximo ejercicio.

La prórroga presupuestaria es automática cuando se llega al 1 de enero sin unas cuentas aprobadas, pero normalmente es necesario realizar algunos ajustes, que pueden ir desde temas técnicos -por ejemplo, para eliminar la partida de una obra que ya se ha hecho- hasta otros más políticos.

En el caso de la prórroga de las cuentas de 2023 para 2025 está descartada la subida salarial para los empleados públicos, que prevé empezar a negociarse en enero.

También suele aprobarse antes de final de año la revalorización de las pensiones, que para 2025 será del 2,8 %, una subida que se calculó con el dato de la inflación entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 y que se aplicará a las contributivas y a las de las clases pasivas.

La Seguridad Social aún no ha detallado cuánto subirán las mínimas y no contributivas que, de acuerdo con la última reforma de pensiones, deben hacerlo más que el resto. También queda pendiente el alza del ingreso mínimo vital (IMV).

Asimismo debe prorrogase el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente a la espera de la nueva cuantía que se aplicaría posteriormente con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

También está en el aire la continuidad de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, el denominado Plan Moves III, que en sus términos actuales finaliza el 31 de diciembre.

Desde la patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, apuntan que el Ejecutivo estaría trabajando para dar continuidad a las ayudas más allá de final de año y reclaman además que se prorrogue la desgravación del 15 % en el IRPF por la adquisición de un eléctrico, que finaliza el 31 de diciembre.

En cambio, no parece que se vayan a extender más allá de final de año las rebajas del IVA para los alimentos básicos ni de la electricidad, que se ha ido normalizando a lo largo del año con un sistema que le permitía bajar el tipo al 10 % cuando el precio mayorista subía de los 45 euros el megavatio hora (MWh). EFE

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