Los lobbies necesitan mayor transparencia y regulación, según se desprende de un estudio sobre el estado de la actividad del Lobbying en España, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que revela que solo el 3,45% de los grupos de interés empresariales y profesionales publican cuentas anuales recientes y figuran en registros oficiales, destacando una clara opacidad en comparación con las organizaciones de la sociedad civil.
El informe, realizado por los profesores Alfredo Arceo Vacas y Sergio Álvarez Sánchez del departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la UCM, analiza 255 asociaciones empresariales y profesionales, 65 organizaciones de la sociedad civil y 29 consultoras de asuntos públicos. En comparación con un informe realizado el año pasado, la muestra se ha ampliado un 25%, reforzando la representatividad de los resultados.
Entre los hallazgos positivos, el 55% de las consultoras de asuntos públicos ahora comparten sus datos de facturación, frente a solo siete empresas en el primer informe de 2022. Por su parte, el 63% de las organizaciones de la sociedad civil publican sus cuentas anuales en sus webs oficiales, un avance significativo en transparencia.
Los lobbies empresariales, en cambio, muestran un contraste palpable con las organizaciones de la sociedad civil con un retraso en las buenas prácticas, ya que solo nueve de las 255 organizaciones analizadas, un 3,45% del total, cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, que son Seopan, CEOE, Ametic, DigitalES, Tecniberia, ASPAPEL, ANAIP y UNESPA.
Además, solo 74 asociaciones cumplen con al menos uno de los requisitos mínimos establecidos en esta materia: haber publicado sus cuentas del año 2022 o de un año posterior, o estar presentes en plataformas oficiales como el Registro de la Unión Europea, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o en algún registro autonómico de lobbies.
REACTIVAR LA LEY DE TRANSPARENCIA
Ante esta realidad, el informe aboga por reactivar el anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que el Gobierno mantiene estancado desde noviembre de 2022, y que equiparía a España con países como Francia, Alemania, Irlanda o Bélgica, donde ya existe una regulación estatal en materia de lobbying.
Los investigadores también reclaman que un registro de transparencia estatal que obligue a todos los grupos de interés y consultoras a depositar sus cifras de facturación y su número de empleados dedicados a actividades de lobbying, además de que el Registro de Grupos de Interés de la CNMC pase a ser obligatorio.
"Todo ello tiene que servir para proporcionar una cifra oficial de negocio del conjunto de las actividades de lobbying en España, así como del número de empleos que dependen de ella", se lee en el informe, donde también se hace un llamamiento a que en el futuro se desarrolle "un organismo de autorregulación fuerte" que integre a todas las agencias de asuntos públicas en nuestro país.
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