Madrid, 10 dic (EFE).- La PAH pide al Gobierno que prorrogue de forma indefinida, a partir del 31 de diciembre, la suspensión de los desahucios para inquilinos y otros supuestos para evitar que se reactiven 58.000 procedimientos y reclama que este escudo social se desvincule de la covid-19 y de la guerra de Ucrania.
Si esta suspensión decae, está previsto que lo haga el próximo 31 de diciembre, se reanudará inmediatamente la expulsión de las casi 60.000 familias sin alternativa habitacional, según recoge en un comunicado, por lo que exigen al Gobierno que mantenga la moratoria y apruebe más medidas que amplíen su efectividad puesto que no ha funcionado en el 75 % de los casos.
Esta petición, añade, ha sido respaldada por la presencia de representantes de los grupos parlamentarios de casi todo el bloque de investidura: Sumar, EH Bildu, ERC, BNG (Podemos y Junts han confirmado su apoyo pero no han asistido) quienes se han comprometido a convalidar esta norma en la Mesa del Congreso en enero si el Ejecutivo prorroga la norma en el Consejo de Ministros.
En el caso de que la moratoria decaiga a partir del 31 de diciembre, todos los procedimientos en los que que la persona propietaria sea un gran tenedor pasarían al sistema de intermediación previsto por la Ley por el Derecho a la Vivienda, un mecanismo que, advierten, no está implementado en la mayoría de comunidades autónomas.
De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio DESCA y presentado conjuntamente con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) este martes frente al Congreso de los Diputados, la suspensión de desahucios que el Gobierno puso en marcha en 2020 a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia habrá detenido un total de 58.000 desahucios de familias vulnerables, un 25 % del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024.
Esta medida, que formaba parte del llamado escudo social recogido en el real decreto ley 11/2020 y que tenía por objetivo evitar la expulsión de las familias en lo más crudo de la crisis sanitaria, se fue prorrogando hasta el día de hoy.
Según la PAH, este mecanismo debe convertirse en estructural y reforzarlo con la puesta en marcha de otros para incrementar su efecto y mejorar el acceso general de la población a una vivienda digna, como la ampliación del parque público para dar respuesta a la emergencia y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Además, alertan del "abusivo" sistema de compensaciones a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables que viene incluido en la moratoria aprobada por el Gobierno y que, en su opinión, implica un desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitres.
Asimismo, subrayan que el 77,8 % de las personas que se valieron de la moratoria para detener su proceso de lanzamiento ya tenían seguimiento en los Servicios Sociales por lo que, en caso de levantarse la moratoria, estas familias difícilmente habrán mejorado su situación. EFE
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