El Gobierno insta a tramitar con urgencia ley que actualiza régimen de derechos de emisión

El proyecto de ley busca descarbonizar la economía española, establecer un régimen claro de derechos de emisión y suspender el impuesto sobre la producción eléctrica para liberar recursos a familias y empresas

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Madrid, 10 dic (EFE).-El Gobierno ha instado a tramitar con urgencia el proyecto de ley que actualiza el régimen de derechos de emisión, "una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española", después de que algunos grupos parlamentarios hayan incluido enmiendas "ajenas" a la tramitación.

Las declaraciones se producen después de que el PP y Junts hayan pactado una enmienda introducida a dicha ley en el Congreso para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.

La entrada en vigor de la medida permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y a las empresas, algo que el Grupo Popular ha recordado que lo "viene demandando" desde septiembre de 2018.

Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con la enmienda aprobada a instancias del PP pasará a tipo 0.

Según el Grupo Popular, "la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias".

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado hoy que los grupos determinaron incluir enmiendas pero son "ajenas" al proyecto de ley que actualiza el régimen de derechos de emisión".

La transposición del proyecto de ley es "urgente" -el plazo de trasposición ha sido de apenas siete meses y tiene novedades que se aplican desde el primero de enero de 2025.

Incluye, por ejemplo, la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.

Afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras y a unos 1.000 distribuidores de combustibles, que tienen gran inseguridad jurídica y riesgo de litigiosidad.

"Es necesario eliminar esa inseguridad jurídica y los daños económicos que puede acarrear la falta de marco jurídico a un amplio número de sectores económicos e industriales y que derivan en una merma de su competitividad frente a sus homólogos europeos", según el Ministerio.

El Gobierno "está estudiando diversas opciones para lograr la transposición de la normativa europea, determinado por su ambición de lucha contra el cambio climático en un escenario de emergencia climática y por su compromiso con las empresas y sectores económicos que dan pasos para su descarbonización".

Según el Grupo Popular, la enmienda transaccional con Junts "ha contado además con el respaldo de Vox, ERC y PNV".

"Todo ello, pese al intento del PSOE y Sumar de forzar la suspensión de la reunión de la ponencia para intentar evitar otra clamorosa derrota parlamentaria del Gobierno de Sánchez, que ha sido desactivada por la negativa de la mayoría de los grupos a instancias del PP", advierte el Grupo Popular.

Asimismo, ayer en la fase de ponencia en el Congreso se aprobó otra enmienda que favorece la continuidad de la industria de cogeneración. EFE

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