
La primera reunión del grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento Europeo que debe evaluar la posibilidad de usar el catalán, euskera y gallego en las sesiones plenarias ha concluido este lunes sin resultados concretos, toda vez que el objetivo era abordar una primera discusión sobre la situación y explorar próximos casos.
El grupo, del que forman parte cinco vicepresidentes de la Eurocámara, incluidos los dos españoles, Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE), se ha reunido a puerta cerrada y acordado seguir tratando la cuestión en una "próxima reunión" de la que no ha trascendido fecha, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Otras fuentes consultadas añaden que en la reunión se ha valorado que la Eurocámara no tiene "obligación legal" de suscribir un acuerdo administrativo del tipo que reclama España --que ya existe con otras instituciones--, pero que sí está "capacitada" para establecer un convenio de este tipo, aunque primero se debe estudiar cómo debería proceder la Mesa en caso de que se acordara llevarlo a cabo.
El objetivo del grupo es, por tanto, continuar el análisis de los aspectos jurídicos de la solicitud presentada por el Gobierno español, pero también "identificar otros idiomas en situación similar" y analizar los aspectos operativos que acarrearía incluir las tres lenguas cooficiales en el uso habitual de los planes, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de intérpretes cualificados y los costes.
Así, el grupo de trabajo sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos tendrá una visión general clara antes de poder elevar una propuesta concreta en el sentido que sea a la Mesa, desde donde se decidiría si llevar al pleno una decisión.
PROCESO EN FASE TEMPRANA
Tras un primer encuentro para constituir el grupo, esta es la primera ocasión en que los vicepresidentes se reúnen con el encargo de evaluar la petición española sobre la mesa, pero distintas fuentes parlamentarias advirtieron ya antes de la reunión de que el proceso está en una fase muy temprana y no se esperan decisiones en lo inmediato.
El grupo de trabajo debe tener en cuenta, además, informes internos que evalúan en detalle cuestiones clave como el coste económico de permitir el uso del catalán, euskera y gallego en las sesiones plenarias, las eventuales consecuencias legales de una medida que podría sentar un precedente para otras lenguas minoritarias y otras cuestiones prácticas como si se cuenta con suficientes intérpretes y traductores para ello.
Fuentes conocedoras del trabajo en marcha indicaron a Europa Press que la reunión ha servido para una "primera valoración constructiva" de la dimensión jurídica del convenio que reclama España y que han quedado para más adelante cuestiones como el impacto en términos logísticos y la operatividad de contar con interpretación pasiva y o activa de las tres lenguas cooficiales.
El Gobierno pide al Parlamento Europeo un acuerdo que permita el uso de las tres lenguas cooficiales en los plenos, siguiendo el ejemplo de los convenios administrativos que ya existen con las demás grandes instituciones comunitarias, como el Consejo de la UE o la Comisión Europea.
INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO LINGÜÍSTICO DE LA UE
Este proceso, para el que la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola, encargó al grupo de trabajo de la Mesa una primera evaluación antes de examinar la cuestión, es paralelo a los intentos del Gobierno para que los 27 acepten reformar el reglamento sobre lenguas oficiales de la UE, una revisión del marco común que el PSOE pactó con Junts como parte de las condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El debate quedó aparcado tras el impulso dado en el segundo semestre de 2023 por la presidencia de turno de la UE que asumió España porque los países con mayores reservas piden una evaluación del impacto legal, financiero y práctico antes de retomar la discusión y porque algunos temen que con la oficialidad del catalán, euskera y gallego se abra una "caja de Pandora" y otras lenguas minoritarias pidan mismo trato.
Esta misma semana, el expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, echó en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "absoluta falta de implicación" en las negociaciones en Bruselas para lograr la oficialidad del catalán como lengua de la Unión Europea, un asunto que considera debe llegar al máximo plano político para resolverse.
Las críticas del líder independentista se produjeron días después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajara a Bruselas para tratar con Metsola este asunto en una reunión varias veces aplazada por razones de agenda.
Últimas Noticias
Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum
El líder independentista mantiene que no se arrepiente de sus decisiones tomadas durante la consulta soberanista ilegal en Cataluña, aunque el precio haya sido pasar “la vida entera” en el exilio

De la hermana de la reina Letizia a Paula Echevarría con Daniella Bustamante: los famosos que ya han pasado por la residencia de Shakira
Lola Lolita, Ágatha Ruiz de la Prada o Paco León, también se han pasado por el Macondo Park para disfrutar del concierto de la colombiana

Un tiroteo entre dos clanes enfrentados en Alzira (Valencia) termina con un muerto y tres heridos que han sido detenidos
Los arrestados por la Policía Nacional son miembros de una misma familia mientras que el fallecido pertenecía a otra

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho
El expresidente aseguró el 17 de junio en la Audiencia Nacional que necesitaba “una semana o diez días” para reunir la documentación sobre el origen de las piezas, pero todavía no ha vuelto a declarar ante el magistrado

Los profesores y maestros madrileños se preparan para la huelga indefinida del sector educativo: así afectarán las protestas al funcionamiento de colegios e institutos
Los sindicatos piden una bajada de ratios, un aumento salarial mensual de 600 euros, reducir la burocracia y un plan autonómico de climatización. CSIF propone a los trabajadores que rechacen las tareas voluntarias, como las excursiones, para presionar a la Comunidad de Madrid

