El Parlamento de Canarias retoma este lunes, a partir de las 10.00 horas, la comisión de investigación de los contratos suscritos durante la pandemia con la ausencia del empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguir del 'caso Koldo'.
De Aldama debía comparecer este lunes ante la Cámara regional pero no fue correctamente citado al encontrarse en prisión cuando se le envió la notificación a su domicilio, por lo que la comisión va a habilitar una nueva fecha aprovechando su predisposición a participar, tal y como ha hecho público un portavoz en los últimos días.
En principio para este lunes se espera la intervención de Natalia de Luis, exinterventora general de la comunidad autónoma, que se someterá a las preguntas de los grupos parlamentarios acerca de los sistemas de control aplicados a la contratación pública durante la pandemia.
El Parlamento, en la comisión de la Audiencia de Cuentas, también debatirá este lunes el informe de fiscalización de los contratos en pandemia que fue rechazado en la pasada Legislatura y aprobado recientemente por su Pleno con el voto en contra de dos consejeros propuestos por el PSOE, quienes en un voto particular han esgrimido las particulares condiciones sociales y económicas derivadas de la pandemia y las dificultades que había para obtener material sanitario.
La Audiencia ha certificado contratos de material sanitario por importe de 81,9 millones, y más del 61% se concentra en cuatro empresas: ACJ (17,9 millones); Damco (14 millones); Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (9,7 millones) e Injoo Technology (8,9 millones).
Asimismo, en la relación de contratos se incluye a RR7 United, la empresa que da nombre al 'caso mascarillas' por el pago de cuatro millones de euros, en dos plazos, por un millón de mascarillas que terminaron destruidas por ser falsas.
La Audiencia señala también que en once de los expedientes analizados en los que el presupuesto de adjudicación supera los dos millones de euros --el importe total ascienda a 41,8 millones de euro-- no consta que se haya solicitado autorización al Consejo de Gobierno, tal como dispone el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma y en 35 de 106 se ha comprobado que no consta ni la justificación del gasto a realizar ni tampoco la justificación de la tramitación de emergencia.
MÁS DE 6,5 MILLONES DE UNIDADES, INSERVIBLES
La institución lamenta también que no se haya promovido la concurrencia, que seis de las empresas contratadas no tuvieran capacidad para obrar con el SCS o que se bloqueasen 6,5 millones de unidades de material inservibles valoradas en unos 2,1 millones.
Igualmente reprocha al Gobierno canario que no haya comprobado la capacidad de los adjudicatarios ni tampoco que se les haya exigido la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas "dado que a pesar de que se trata de contratos de emergencia la normativa vigente no exime a la administración de cumplir tales requisitos".
Ante el caso de que vuelvan a producirse situaciones excepcionales como las vividas y con el fin de agilizar y flexibilizar la contratación de emergencia en los contratos de obras, suministros o servicios, de cuantía superior a dos millones de euros, la Audiencia recomienda al Gobierno de Canarias la implementación de un mecanismo alternativo y rápido para dar cumplimiento al trámite de solicitud de autorización por parte de los órganos de contratación.
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