(Actualiza la EC1145 con la versión de fuentes del anterior ejecutivo catalán)
Barcelona, 11 nov. (EFECOM).- La Generalitat de Cataluña ya ha abonado los 365,6 millones de euros previstos para hacer frente a la sentencia que le obliga a indemnizar a la concesionaria de la antigua Aigües Ter-Llobregat, una empresa denominada ahora Aigua Ter-Llobregat (ATL).
Según avanza este lunes El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes del departamento de Economía, esta cantidad se abonó en mayo.
En el informe mensual de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo, que se dio a conocer en julio, el Departamento de Economía admitió que había hecho una "provisión para hacer frente a la sentencia de la anulación del contrato con ATL" por ese importe de 365,6 millones, como avanzó EFE entonces.
Fuentes del Departamento de Economía han asegurado a EFE que técnicamente se habló de provisión por tratarse "de una sentencia que aún no es firme".
"La sentencia se ha ejecutado (pagado) porque la empresa concesionaria pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -TSJC- la ejecución provisional y el tribunal lo aceptó", sostienen estas fuentes, que añaden que "este gasto, en cuanto al importe, no se considera definitivo, ya que aún no hay sentencia firme" por parte del Supremo.
El Confidencial subraya que el Govern, entonces presidido por Pere Aragonès y con Natàlia Mas como consellera de Economía, no incluyó ese pago de los 365,6 millones por la sentencia de ATL -aprobado en la sesión del pasado 28 de mayo, cuando ya estaba en funciones- entre la relación de acuerdos posteriores que se comunica a los medios de comunicación.
Fuentes del anterior gobierno catalán han asegurado a EFE que la Generalitat "nunca escondió" este asunto porque dio cuenta de los 365,6 millones en el informe de ejecución presupuestaria de mayo y han añadido que, en este caso, el Govern anterior actuó "por orden judicial", "provisionando primero el importe y esperando a que el gasto se anule cuando se resuelva definitivamente".
Este contencioso tiene su origen en 2012 a raíz de la adjudicación por parte de la Generalitat a un consorcio liderado por Acciona de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.
Esa decisión fue impugnada por el grupo Agbar y a partir de ahí se inició un larga batalla legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat.
ATLL, ahora denominada ATL, es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.
Toda esa guerra legal de más de una década tuvo su punto culminante en diciembre de 2022, cuando el TSJC dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización.
El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat.
En 2019, Acciona anunció que había vendido al fondo Fortress por 170 millones los derechos de cobro futuros de aquella indemnización.
Tras el fallo del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún está pendiente de resolución.
A la espera de ver qué decisión toma el Supremo, el año pasado la concesionaria pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y en abril de ese año ese tribunal dictó un auto en favor de esa ejecución provisional.
Al elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2023, el Govern no creyó necesario incluir una provisión por ATL porque no preveía que este asunto tuviera impacto presupuestario ese año, pero finalmente el Govern ha acabado pagando este año 365,6 millones.
Tras aquella privatización fallida, en 2019 la Generalitat asumió directamente la gestión de la nueva empresa pública de aguas, denominada Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL). EFECOM
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