La Junta vuelve a incluir en el Presupuesto una partida para el derribo de El Algarrobico

La Junta de Andalucía destina un millón de euros para iniciar la demolición del hotel de El Algarrobico, en medio de procedimientos judiciales y revisión de licencias por parte del Ayuntamiento de Carboneras

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Almería, 30 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha vuelto a incluir en el proyecto de Presupuesto para 2025 una partida de un millón de euros para los primeros trabajos de demolición del hotel de El Algarrobico, que desde 2021 no había sido incluida en las cuentas andaluzas, aunque reconoce que será de difícil ejecución.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha recordado que en esta administración aún siguen “inmersos” en distintos procedimientos judiciales que también afectan al Ayuntamiento de Carboneras (Almería), que aún se encuentra en proceso de certificar si ha declarado no urbanizable este paraje, y que deberá revisar de oficio la licencia de obra del hotel.

Por ello, Martín ha apuntado que por el momento no se puede ejecutar ninguna partida para derruir, aunque ha insistido en que el “compromiso inamovible” por parte de la Junta de Andalucía es ese, si bien no será posible hasta que haya un resultado judicial “aceptable y favorable” para que se pueda llevar a cabo.

“Siempre tenemos que estar pendientes a que dirimamos cualquier cuestión judicial, que ahora mismo, concretamente, la tenemos en el Ayuntamiento de Carboneras”, ha insistido.

El pasado mes de mayo la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, señaló que en cinco o seis meses podría comenzar la demolición del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

“Estamos esperando precisamente el pronunciamiento del Ayuntamiento para que, una vez que está anulada la licencia de obras, que ese es el único escollo que existe ahora mismo, podamos demoler”, dijo entonces.

La consejera recordó que existe un acuerdo entre la Junta y el Gobierno de España por el que el Ejecutivo asume el coste de la demolición, mientras que la comunidad andaluza hace frente al tratamiento de los residuos y la restauración ambiental de la zona. EFE

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