Córdoba, 25 oct (EFECOM).- Los inspectores de Hacienda del Estado han advertido este viernes de que, muchos de los grandes programas de inspección contra el fraude fiscal que se realizan actualmente, "no se podrían llevar a cabo" si se culmina la cesión de todas las competencias tributarias a Cataluña y pierden el acceso a esos datos.
"Desde la creación de la Agencia Tributaria no hemos vivido una situación tan delicada", ha lamentado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, en un encuentro con medios en el marco del XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, en referencia al acuerdo político para que Cataluña gestione todos los impuestos.
La eventual ruptura del sistema único de información tributaria impediría, por ejemplo, abordar la inspección de las sociedades-socios, que requieren de personaciones simultáneas en distintos territorios, si alguno de ellos reside en Cataluña, ha apuntado el portavoz de asociación José María Peláez.
También sería más complicado comprobar si personas físicas con domicilio en Cataluña están tributando en otros territorios.
Además, la Agencia Tributaria no tendría acceso a los datos de los grandes patrimonios en la región, ni podría realizar actuaciones coordinadas que impliquen a empresas con sede en ese territorio.
"Cataluña va a tener su base de datos propia y esa información no va a estar en la base de datos de la Agencia Tributaria", lo que dificulta la búsqueda del fraude, algo que ya sucede con País Vasco y Navarra, unos territorios que califican de "agujero negro".
A las dificultades en la lucha contra el fraude, la asociación añade otros potenciales problemas, como la gestión de ayudas que han sido asumidas por la AEAT -como la bonificación del carburante- o el encaje entre las retenciones de IRPF que realiza una empresa donde tiene su sede respecto de un trabajador que vive y tributa en otra comunidad autónoma.
Al mismo tiempo, la salida de Cataluña del régimen común "dinamita" el sistema de financiación autonómica porque "la Agencia Tributaria desaparece en Cataluña" y la región pasará de gestionar 26.000 millones en impuestos a 53.000 millones, con "una pequeña aportación" al resto de regiones que aún no se ha cuantificado.
Junto a ello, los inspectores se muestran alarmados por la situación de los casi 4.000 trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña, que han aprobado oposiciones para la Administración General del Estado y que "los políticos han decidido que se van a traspasar" a la administración regional.
"Desconocemos cómo se va a hacer", admiten, aunque el colectivo se muestra convencido de que la única forma de que la agencia tributaria catalana cuadruplique su tamaño, como ha anunciado la Generalitat, pasa por el traspaso los trabajadores de la AEAT.
Así, temen que, por ejemplo, la primera campaña de renta catalana se aborde mediante un convenio de colaboración sin necesidad de cambios legales, lo que sería un "pasito" que quieren evitar porque "pasito que se dé, no tiene vuelta atrás", según Peláez.
La asociación analiza "qué medios legales" pueden utilizar frente a esta situación y urge a aprobar un estatuto de la Agencia Tributaria que blinde la institución de las "injerencias políticas", lo que evitaría situaciones como la actual, con un "posible fraccionamiento" a cambio de una investidura, ha lamentado De la Herrán.
Otras de las preocupaciones del colectivo se refieren a los cambios en el sistema de selección de nuevos inspectores, que, a su juicio, no garantiza que cuenten con las suficientes competencias y habilidades; y la implementación de la inteligencia artificial como "herramienta al servicio de los ciudadanos". EFECOM
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