Madrid, 25 oct (EFE).- Airbnb ha cargado contra el registro que plantea el Gobierno para regular los alquileres de corta duración al entender que no cumple con el propósito que plantea la regulación europea y agrega de los efectos que puede tener implementar normativas desproporcionadas en la industria.
Asimismo, entiende que imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda y demanda un enfoque más integral y analítico para regular los alquileres de corta duración en España, empezando por una distinción entre el hospedaje ocasional y dedicado.
En un comunicado, la plataforma de alojamientos turísticos ha expresado su preocupación por el real decreto en el que trabaja el Ejecutivo y ha apuntado que con él se introducirán nuevos requisitos que generan confusión y que complicarán más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares.
Airbnb insta al gobierno de España a cumplir con el propósito original de la regulación europea de los alquileres de corta duración, que ha añadido, tiene como objetivo crear normas menos fragmentadas, más justas y transparentes. Además, ha reiterado su compromiso de trabajar con las autoridades españolas hacia la armonización y la rápida adopción de las normas europeas del alquiler de corta duración en España.
En este contexto, ha subrayado que los datos públicos muestran que en España hay 10 veces más casas vacías que viviendas turísticas, lo que representa el 14 % del total del parque de vivienda del país, y que en Barcelona, por ejemplo, los precios del alquiler han aumentado un 70 % en 10 años pese la moratoria para la obtención de licencias de viviendas de uso turístico desde 2014.
A este respecto, ha apuntado que los casos de Portugal, Nueva York y Escocia ofrecen son un ejemplo del impacto negativo y la falta de eficacia que pueden tener las regulaciones cuando no contemplan la realidad local o se utilizan como la única solución para abordar la crisis de la vivienda.
En este sentido, ha insistido en que implementar normativas desproporcionadas para los alquileres de corta duración puede perjudicar a la industria y alejar a las familias locales de los beneficios del turismo, especialmente en zonas rurales.
"A pesar de que el alojamiento típico en Airbnb recibe reservas para unos pocos días cada mes, el hospedaje representa un salvavidas económico para las familias, ayudándolas a obtener ingresos extra, mantener sus casas e incluso llegar a fin de mes", ha apuntado la plataforma, que pide una regulación equilibrada y proporcionada al respecto.
Para poder comercializarse en las plataformas, las viviendas tendrán que tener un número, con vigencia para doce meses, que certificará que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, al tiempo que se sabrá también qué comunidades de vecinos han prohibido los alquileres turísticos.
De esta forma, todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores de la propiedad no van poder operar y dejarán de estar en el mercado.
El procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones empezará a funcionar en periodo de pruebas y de forma voluntaria el 2 de enero de 2025, según el calendario que maneja el Ministerio de Vivienda. EFE
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