Madrid, 4 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado dirigirse al Tribunal Supremo para que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por su supuesta relación con el chiringuito financiero Madeira Invest, pero le ha recordado que puede personarse en su procedimiento y declarar voluntariamente.
El magistrado Calama investigará si tras esta plataforma de inversiones hay una supuesta estafa piramidal con criptomonedas de millones de euros, pero desestima inhibirse al Supremo para que proceda contra Luis Álvise Pérez, conocido como Alvise, porque, para ello, es necesario formular una exposición razonada suficientemente motivada.
Fue la Asociación de Usuarios de Criptomonedas quien se lo solicitó al juez en una ampliación de su denuncia inicial, si bien el magistrado indica en un auto conocido este viernes que "no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado" para dirigirse al Supremo.
La jurisprudencia del alto tribunal -precisa el juez- dice que la exposición razonada que se dirija al Supremo "solo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad" y "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar", con la "provisionalidad" del momento, "el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia alude también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "autoriza la apertura de diligencias de investigación en las que puede verse afectado un aforado", pero establece a su vez que debe informarse al aforado "de "la admisión de una denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que derive la imputación de un delito".
Esta ley establece la "facultad" del aforado de "asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, en su caso; declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias".
Calama explica que la norma determinó estas posibilidades al constatar el legislador que a veces senadores y diputados -aforados ante el Supremo- no conocían los procedimientos que les afectaban hasta que el alto tribunal pedía un suplicatorio al Congreso para proceder contra ellos o, directamente, por los medios de comunicación.
"Esta situación hacía de peor condición a los senadores y diputados en el ejercicio de los derechos y garantías de defensa", continúa el juez, y "facilitaba la remisión no justificada al Tribunal Supremo de procedimientos que afectaba a los aforados y la consiguiente elevación de suplicatorios, que podrían evitarse si aquellos hubieran podido ofrecer su versión de los hechos".
Al margen de este procedimiento que, a partir de este viernes, dirigirá el juez Calama, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene en sus manos una denuncia del responsable de Madeira Invest contra Alvise por su relación con la presunta estafa piramidal, de la cual habría recibido 100.000 euros en mayo para su campaña ante las pasadas elecciones europeas. EFE
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