El número de altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) ascendía el pasado 1 de julio a un total de 778 personas, 21 más que las que había a fecha de 1 de enero, según el último informe sobre el grado de cumplimiento de la ley que regula el ejercicio de los altos cargos redactado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Esta entidad, ahora dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, ha remitido al Congreso de los Diputados su informe correspondiente al primer semestre de este año, según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento enviado al Congreso detalla el cumplimiento por parte de cada uno de los titulares de los puestos incluidos en su ámbito de aplicación, sin embargo, el BOE sólo publica la información agregada, sin hacer referencia a datos de carácter personal. Así, en la publicación de este sábado sólo consta que a 30 de junio hay 778 altos cargos en activo (frente a los 757 que se contabilizaron en el informe anterior) y que entre el 1 de enero y el 1 de julio se registraron 260 declaraciones de actividades y de bienes a la toma de posesión de otras tantas personas. NINGUNA SANCIÓN Asimismo, se consigna que ese periodo se han entregado 153 declaraciones de actividades al cese mientras que las declaraciones de bienes de altos cargos cesados han ascendido a 219. El número de declaraciones anuales entregadas en el primer semestre fue de 336 y se han comunicado 34 cambios de actividad. Además, en los seis primeros meses de este año la Oficina de Conflictos de Intereses no ha incoado ni tampoco resuelto ningún procedimiento sancionador de los previstos en la Ley del Ejercicio del Alto Cargo de la AGE ni tampoco en la Ley de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno.
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