Barcelona, 1 ago (EFE).- La Audiencia de Tarragona ha absuelto al exalcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué y a otros cuatro exconcejales que afrontaban penas de cárcel por supuestas irregularidades en el arrendamiento de dos naves municipales, causa que derivó en el caso 3 % de supuesta financiación ilegal de CDC.
En su sentencia, la sección cuarta de la Audiencia de Barcelona absuelve a los encausados de los delitos de malversación y prevaricación, por los que afrontaban penas de hasta cuatro años y medio de cárcel, al concluir que no hay pruebas de que impulsaran contratos de arrendamiento ilegales con el objetivo de enriquecerse.
El llamado caso Torredembarra, centrado en el exalcalde convergente Daniel Masagué, es la primera de las piezas de la macroinvestigación judicial que destapó la trama de presunta financiación ilegal de CDC del 3 %, todavía pendiente de juicio en la Audiencia Nacional y para la que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de más de 20 años de cárcel y multas millonarias.
El caso Torredembarra se centra en dos contratos de arrendamiento con opción a compra que el exalcalde acordó mediante adjudicación directa en el año 2011, un proceso que contó con los informes contrarios del secretario y del interventor municipal.
Uno de los locales fue arrendado para acoger las dependencias de la Policía Local de Torredembarra, que hasta entonces estaban en una instalaciones precarias, y se empezó a utilizar con esa finalidad prevista tres años después, una vez llevadas a cabo las correspondientes obras de adaptación, hasta la actualidad.
Además de Masagué, se sentaron en el banquillo por esta causa cuatro concejales, una exinterventora, una exresponsable municipal de contratación, un exarquitecto municipal, un ingeniero, un abogado y dos empresarios locales.
La Audiencia de Tarragona ha absuelto a todos los encausados, al entender que no hay pruebas de que se aprovecharan de sus cargos y funciones públicas para sacar adelante unos contratos "ilegales y perjudiciales para la administración pública", con el fin de enriquecerse o beneficiar a empresarios particulares.
Para el tribunal, no se ha podido probar "irregularidad administrativa" en la tramitación de los expedientes, por lo que "difícilmente puede identificarse un proceder injusto a sabiendas de una legalidad que no ha resultado acreditada", por lo que debe descartarse el delito de prevaricación.
Respecto al de malversación, la sala también descarta desvío de fondos públicos en los contratos objeto de juicio puesto que "se sabe dónde ha ido y qué ha pasado con ese capital, destinado al pago de unas cuotas de alquiler con opción de compra después de superar todo un procedimiento administrativo".
De hecho, añade la sentencia, uno de los locales arrendados sigue utilizándose para el fin que se pretendía, albergar la comisaría de la Policía Local de Torredembarra.
El proyecto previsto en la otra nave no llegó a llevarse a cabo por falta de financiación a consecuencia de las "posturas políticas de quienes tenían poder de decisión en ese momento", mantiene el tribunal.
"Menos todavía", insiste la sentencia, concurrió en este caso un concierto entre particulares para defraudar a la administración pública, dado que no se ha acreditado el vinculo entre los encausados encaminado a beneficiar económicamente a las empresas implicadas. EFE
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