Madrid, 27 jun (EFE).- Las negociaciones que emprenderán en el mes de julio el Ministerio de Educación, patronales y sindicatos de la enseñanza concertada deben corregir el actual "desfase" de los módulos económicos de concierto (fondos públicos destinados a la privada) y, por ende, mejorar la situación laboral de sus docentes.
El 19 de junio, Educación anunció su compromiso de constituir una mesa técnica con los agentes de la concertada y la comisión prevista en la ley educativa para el cálculo del "coste real" del puesto escolar en la privada concertada, explica en una entrevista con EFE el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo.
Ambos grupos de trabajo trabajarán en paralelo y sus resultados estarán listos durante este curso académico 2024-2025, confía Pueyo.
"Para nosotros -añade- es positivo porque llevamos cinco años prácticamente sin negociación con Educación y ahora nos da la esperanza de que algo se va a poner en marcha. Tenemos ganas de solucionar problemas que se han ido acumulando", pero "todo depende de la estabilidad política" y que haya presupuestos generales del Estado, "un hándicap importante en 2024".
Sobre la mesa se van a debatir cuestiones "importantes y urgentes, entre ellos la renovación del reglamento de conciertos que data de 1985; ya han pasado suficientes años y experiencia en la aplicación de los conciertos para mejorarlos. Están desfasadas y se deben actualizar".
Del coste económico que "se tenga que implementar" también va a depender la carga lectiva del profesorado y de otros profesionales de la concertada, explica el secretario general de FSIE.
Según sus datos, un puesto escolar del sistema público tiene un gasto de entre 5.000 y 6.000 euros anuales por alumno y el de la concertada ronda los 3.500-4.000 euros, aunque "es un tema muy complejo" de estimar.
En el tema salarial, recalca, también hay diferencias: un docente de la pública puede cobrar hasta 600 euros mensuales más que un compañero de la privada concertada.
Considera asimismo relevante volver a abrir la negociación acerca de las propuestas que en su día hizo Educación sobre la profesión docente y que el debate no se ciña únicamente a las condiciones de los profesionales del sector público.
En cuanto a este curso que se deja atrás, opina que ha estado marcado por el curso político: "Ha pasado sin pena ni gloria, ya que a nivel autonómico ha habido muchos cambios de Gobierno y nuevos equipos. Vamos a confiar en que en este tiempo todo el mundo se haya preparado para que las cosas empiecen a funcionar bien".
Por otro lado, no cree adecuado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, también asuma la función de portavoz del Gobierno -igual que ocurrió con su antecesora Isabel Celaá y anteriormente con otros ministros del PP-, porque "el desempeño de la portavocía conlleva muchas horas de atención y se detrae de lo que debe ser su función fundamental que es ser ministra de Educación".
En cuanto a la Educación Infantil, Pueyo reitera sus críticas acerca de que los fondos europeos solo sufraguen este tramo de enseñanza en la pública y lo prohíba en la privada, y recuerda que muchas comunidades están implementado sistemas de financiación con bonos, cheques, desgravación fiscal o convenios con la concertada.
A pesar de que esto último contribuya a mantener dichos centros y ayude a las familias, "el mejor modelo es siempre el del concierto educativo" porque, entre otras razones, implica mejoras directas para las trabajadoras, según Pueyo. EFE
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