Jordi Sànchez no se acogerá a la Ley de Amnistía y confía en el TEDH

El exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, no se acogerá a la Ley de Amnistía, como tampoco quiso que nadie pidiera su indulto, y confía en los procesos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En declaraciones a Europa Press este martes, tras la publicación de la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha explicado que su actitud es "de desconfianza" hacia la justicia española. "Indulto y amnistía es lo mismo, son apaños que hace el Gobierno español, con una mayoría parlamentaria y que la justicia debe aplicar, no me parecen mal, pero no es mi guerra", ha sostenido. Sànchez ha insistido en que su "única motivación" es el TEDH, y es donde centrará sus esfuerzos y recursos, y ha asegurado que si este tribunal le da la razón, España deberá anular la sentencia del juicio del 1-O y decidir si vuelve a celebrar el juicio o no. PIDIÓ NO ACOGERSE A LOS INDULTOS Ha recordado que cuando el Gobierno central anunció los indultos a los líderes independentistas que estaban en la cárcel decidió que nadie lo pidiera para él. También ha detallado que, cuando hubo alegaciones y recursos contra los indultos, dió instrucciones a sus abogados para que no intervinieran en su caso: "Mi razonamiento es decir: este no es mi lío, ya haréis lo que tengáis que hacer". Sànchez ha afirmado que ha llegado a la conclusión de que "con la justicia, con el Tribunal Supremo (TS), de nada sirve plantear un escrito o un razonamiento ajustado a derecho, porque han aplicado lo que han querido desde el minuto uno". ANTECEDENTES PENALES Ha sostenido que también tomaría esta decisión si estuviese inhabilitado, y ha señalado que si el TEDH le da la razón también se eliminarían los antecedentes penales al igual que ocurre con la amnistía, porque se anularía la sentencia. Ha insistido en que confía en la justicia europea, y ha detallado que tiene dos demandas presentadas y aceptadas en el TEDH y que ya se están tramitando, "a la espera de que España presente sus alegaciones".