Madrid, 5 jun (EFE).- La investigación que ha abierto el Ministerio de Consumo sobre las viviendas turísticas que operan sin licencia se centra en las empresas y en los propietarios que las publicitan, no en las plataformas donde las anuncian, tal y como ha asegurado a EFE el director general de Consumo, Daniel Arribas.
"Lo que se está viendo en esta investigación previa es la actividad que se genera en el seno de las propias plataformas, no su actividad", ha incidido el responsable de la Dirección General, que ha iniciado esta investigación sobre "potenciales prácticas comerciales desleales" en relación con este tipo de viviendas, que se anuncian en plataformas destinadas al alquiler turístico.
Según Arribas, las plataformas, como intermediarias, permiten que se aloje determinada información en su seno, y es sobre los responsables de esa información (los propietarios o las empresas que llevan a cabo esta actividad comercial) sobre los que se centra esta investigación en estos momentos.
Lo que ocurre es que, según explica, para obtener los datos necesarios sobre corroborar estas prácticas desleales, Consumo tiene que hacer requerimientos a las principales plataformas que operan en este sector en la totalidad del país", y cuyo nombre no ha precisado, porque son quienes alojan esa información.
Si de esta investigación preliminar se determinase que hay indicios de incumplimientos se abriría un expediente, que se tendría que tramitar en nueve meses, y podría terminar en una sanción de hasta 100.000 euros. Esta cantidad, no obstante, podría ser superior hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, dependiendo del volumen de infracciones.
La sanción, además de ser pecuniaria, podría llevar de forma complementaria la prohibición de seguir realizando este tipo de infracciones.
Pero la cuestión es si el Ministerio se plantea actuar más allá de lo que es esta investigación con respecto a las viviendas turísticas que operan de forma no legal y que se publicitan, porque Arribas avanza que se "están valorando las sanciones que se pueden llevar a cabo" respecto de los pisos que no cumplan con la normativa y se publicitan.
Desde la Dirección de Consumo se han enviado requerimientos de información a las plataformas, porque, como también ha dicho la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, han tenido constancia oficial de "incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico", que en algunas ciudades podría llegar a más del 90 %.
Y si esos alojamientos son ilegales, según Medialdea, su publicidad también lo sería y eso es competencia de Consumo, "el perseguirla -ha dicho-, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla". EFE
bec/oli
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