El Govern balear creará una tarjeta que agrupe el historial único de servicios sociales para finales de 2025

La Conselleria de Familias y Asuntos Sociales trabaja en la creación de una tarjeta que agrupe el historial único de servicios sociales, equiparable al papel de la tarjeta sanitaria en el sistema de salud, una medida que espera que sea una realidad a finales de 2025. El proyecto implica una inversión inicial de seis millones de euros financiados con fondos Next Generation, según ha explicado la consellera, Catalina Cirer, en una rueda de prensa donde ha informado de las novedades que introduce el Decreto Ley de Simplificación Administrativa en su área. En este sentido, la nueva norma del Govern regula la creación del historial único, un paso previo necesario para tener la tarjeta en marcha antes de acabar 2025 y así poder acogerse a la financiación europea. Cirer ha explicado que este proyecto "ya se desarrolla con éxito en otras Comunidades Autónomas" pero en Baleares "se ha intentado sin éxito hasta el momento". La tarjeta permitirá a los profesionales de los servicios sociales de distintas administraciones consultar de forma rápida los recursos y prestaciones disponibles para cada ciudadano, agilizando los trámites. "Ya vaya a la Conselleria, al IMAS, a su ayuntamiento, con la tarjeta se sabrá en ese momento qué prestaciones tiene, si ya tiene una Renta Social Garantizada, si tiene ayudas de alquiler, de alimentos...", ha ejemplificado Cirer. Preguntada por la preocupación por el manejo de datos sensibles, la consellera ha recalcado esta tarjeta solamente unificará registros ya existentes en las distintas administraciones, y no solicitará nuevos datos. "No pedimos ninguna información específica ni hacemos un registro específico de datos concretos de la persona", ha dicho, interrogada sobre la inclusión de informaciones como la etnia o la orientación sexual. Además, habrá diferentes niveles de acceso a la información para el personal funcionario. Cirer ha insistido asimismo en que el proceso legal y de protección de datos se está llevando a cabo de forma muy cuidadosa. Por otro lado, también a preguntas de la prensa, Cirer se ha referido a la aplicación de bots en la tramitación de expedientes, que ahora se está probando para cruzar datos con el padrón municipal, algo que agilizará el trabajo para los funcionarios. "Acortar plazos debe ser nuestro gran reto", ha subrayado la consellera. PLUS PARA FIDELIZAR A TRABAJADORES DE RESIDENCIAS DE IBIZA Paralelamente, el reciente decreto establece un nuevo complemento retributivo para plazas de difícil cobertura en las residencias que gestiona la Comunidad en Ibiza a través de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. La cuantía se determinará por el Consell de Govern, previsiblemente dentro de este junio. El objetivo es hacer más atractivos estos puestos de trabajo para dar estabilidad a las plantillas, ante la dificultad de encontrar trabajadores por los elevados costes de vida en Pitiusas. Otra dificultad que encuentran las residencias para mantener las plantillas son las mejores condiciones en sanidad, que hacen que los perfiles sanitarios, como médicos y enfermeras, terminen marchándose a los hospitales. Cirer ha explicado que actualmente la Fundación está paliando esta falta de personal mediante una bolsa de horas extraordinarias, ante carencias que en algún fin de semana han llegado a un 20 o 30 por ciento de la plantilla. En cualquier caso, ha reconocido que esa solución tiene límites. ACCESO A RECURSOS A LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE SALUD MENTAL GRAVE Otra de las novedades del Decreto ley es que las personas con un diagnóstico de salud mental grave acreditado por la sanidad pública no necesitarán una valoración de discapacidad para acceder a determinados servicios de la Cartera básica. Hasta ahora, estas personas necesitaban certificar un nivel de discapacidad del 33 por ciento o superior. Estas personas podrán acceder así de forma más rápida a centros ocupacionales, apoyo socioeducativo comunitario, prestaciones de atención en domicilio compartido y viviendas supervisadas. La consellera ha remarcado la colaboración con las entidades y asociaciones del tercer sector, que "llevaban tiempo reclamando esta medida". Además de permitir un acceso más rápido a estos usuarios, desde la Conselleria confían en que esta medida contribuirá a su vez a descongestionar la lista de espera de las valoraciones de discapacidad. Actualmente unas 15.000 personas esperan su valoración. Otra de las novedades del Decreto Ley es la eliminación del requisito de edad para acceder y permanecer en los recursos mencionados. Con esto se pretende priorizar los criterios terapéuticos y de arraigo sobre la edad, ya que hasta ahora podían ser realojados en una residencia de la red pública al cumplir los 65. "Consideramos que sacar a una persona con un determinado diagnóstico en función de su edad y no en función de sus necesidades terapéuticas era una acción claramente edadista y alejada de la realidad de estas personas y sus familias", ha declarado la consellera. Cirer ha comparecido junto a los directores generales de Asuntos Sociales, Pep Falcó, y de Atención a la Dependencia, Pedro Codes.