Costa (PP) acusa al anterior Govern de ocultar durante toda la legislatura que las mascarillas eran defectuosas

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado este lunes al anterior Ejecutivo autonómico de ocultar durante toda la legislatura que los 1,5 millones de mascarillas compradas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional, eran defectuosas y permitir así que se pagaran con fondos europeos. Costa ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga la compra de los cubrebocas y ha acusado al Pacte de ocultar que las mascarillas eran defectuosas a la Intervención de la Comunidad Autónoma, a los encargados de la gestión de los fondos europeos, a la Guardia Civil y a la Oficina Anticorrupción. "Se conocía una información, se ocultó esa información, a todos los sistemas de control y sólo cuando se habían perdido las elecciones y el mismo día de la investidura de la presidenta Prohens, se hace un informe diciendo que hay que reintegrar 2,6 millones de euros. Alguien mal pensado podría concluir que si no se hubieran perdido las elecciones, podría haber sucedido otra cosa", ha señalado. Para Costa, la certificación de la compra con fondos europeos en diciembre de 2020 ocultando el informe del Centro Nacional de Medios de Protección que concluía que las mascarillas compradas no respondían a los criterios acordados y que por lo tanto se pagaron a precio por encima de mercado como el momento "trascendental" y que "no tendría que haber sucedido nunca". El conseller de economía ha subrayado en varias ocasiones que el informe que determinabas que las mascarillas eran defectuosas se ocultó incluso en dos ocasiones a la Intervención de la CAIB en relación a compras de emergencia y en materia de fondos europeos en septiembre de 2021 y enero de 2022. Al mismo tiempo, se ha referido a la rapidez con la que se pagaron las mascarillas. "Hubiera sido más lógico esperar al informe del Centro de Medios de Protección", ha añadido. Para el vicepresidente, la tramitación de expediente es "sospechosa" desde el primer momento. DESCERTIFICACIÓN Antoni Costa ha explicado que es en febrero de este año, cuando se tiene conocimiento de las detenciones y las investigaciones sobre la supuesta trama corrupta con una ramificación en Baleares y de la existencia de la certificación de la compra con fondos europeos. Ante el riesgo de fraude se inició la descertificación del pago con fondos europeos, por consejo de los técnicos de la Dirección General. El vicepresidente del Govern, por otra parte, ha negado cualquier tipo de contacto con personas vinculadas a la supuesta trama corrupta para dejar caducar el expediente de reclamación. También ha negado "con toda rotundidad" que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, interviniera en este sentido. La comparecencia de Antoni Costa ha vivido varios momentos de tensión durante el interrogatorio formulado por el portavoz del PSIB, Iago Negueruela. Compareciente y diputado han llegado a interrumpirse mutuamente durante este turno. "Esto no es el Consolat de la Mar", ha dicho Negueruela a Costa, que mientras contestaba a una de las preguntas del socialista le ha espetado un "se va a callar la boca". "Cuando esté respondiendo a las preguntas, no me interrumpa. No contestaré a lo que usted quiera que conteste", había dicho también el conseller de Economía. CADUCIDAD DE LA RECLAMACIÓN La caducidad del expediente de reclamación que se emitió hacia la empresa Soluciones de Gestión ha centrado la comparecencia de la jefa de Contratación del IbSalut desde 2015, Laura Montserrat. La funcionaria ha negado haber recibido presiones o indicaciones sobre el expediente de reclamación. Montserrat fue la trabajadora que redactó en agosto de 2023 la reclamación en la que, según ella por error, constaba un plazo de tres meses. Fue en febrero de 2024, ha explicado, cuando al conocer las detenciones, el estallido público del caso y el "protagonismo mediático de la caducidad", redactó una diligencia haciendo constar que el plazo era de ocho meses, siguiendo doctrina del Consell Consultiu. "Pensaba que había indicado ocho meses", ha argumentado La comisión ha vuelto a vivir algunos momentos más tensos, después de que el portavoz del PP, José Luis Mateo, haya acusado al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, de "acosar" a la compareciente. El diputado socialista ha basado gran parte de su interrogatorio en la normativa que Montserrat se habría basado para iniciar la reclamación y que determinaría unos plazos u otros. Según ha insistido la compareciente, en el primer momento, por error aplicó la ley de procedimiento administrativo cuando tenía que haberse basado en la ley de contratos. Negueruela le ha trasladado que, en todo caso, una sentencia del Tribunal Supremo (TS), validaba esos plazos de tres meses. "Mi trabajo no es leer sentencias", ha respondido. ÚLTIMA DÍA DE COMPARECENCIAS Este lunes, última jornada de comparecencias, también está citado el director general del IbSalut, Javier Ureña, que cerrará la jornada. Antes han comparecido Israel Pilar, presidente de la empresa Sortis, que supuestamente habría pagado 10.000 euros a Koldo García, y que podría ser un "eslabón" de la trama. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, no se han presentado. Una vez finalizadas las comparecencias, los grupos podrán presentar sus conclusiones hasta las 14.00 horas de este miércoles, momento en el que la Mesa de la Comisión, tras admitirlas, convocará la sesión, previsiblemente, para el viernes, en la que se debatirán y votarán. Las conclusiones serán de nuevo debatidas y votadas en un pleno, que no tiene fecha todavía, para su aprobación definitiva. A primera hora el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha 'plantado' por segunda vez al Parlament y no se ha presentado a su comparecencia. Ante esta circunstancia, y después de que el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tampoco haya acudido a su comparecencia, la Comisión ha aprobado, a petición de PP y Vox, renunciar a la presencia de ambos.