La rebelión en el Poniente almeriense contra los centros de acogida de inmigrantes

Almería, 1 jun (EFE).- El Ejido y Adra son dos municipios del Poniente almeriense que en las últimas semanas han mostrado su rechazo frontal a la apertura de centros de acogida temporal de inmigrantes procedentes de Canarias, aduciendo la presión migratoria y la alta frecuentación de pateras y narcolanchas en sus costas.

Esta comarca concentra gran parte de las 33.400 hectáreas de invernaderos para la producción de frutas y hortalizas que suma Almería, explotaciones en las que la mano de obra es principalmente de origen magrebí o subsahariano, gran parte de ella residente en asentamientos o cortijos abandonados.

El último en posicionarse en contra ha sido el alcalde de Adra, Manuel Cortés (PP), tras conocer que la Secretaría de Estado de Migraciones prevé abrir un centro de estas características en el antiguo Hostal Zapata de la localidad, que entrará en funcionamiento a partir del 10 de junio y será gestionado por la Fundación Cepaim.

Cortés ha criticado las formas y la “deslealtad” del Gobierno a la hora de comunicar esta decisión y recuerda que este hostal lleva cerrado aproximadamente siete años, por lo que tiene “dudas razonables de que el inmueble cumpla los requisitos necesarios”.

Asimismo, ha mostrado su “total desacuerdo” con la política “errática” de inmigración del Gobierno y ha rechazado la implantación de centros de este tipo en municipios con “una alta presión migratoria como puede ser el caso de Adra o la totalidad del Poniente almeriense”.

Para él, la implantación de estos centros “es contrario al modelo de acogida e integración social que se lleva desarrollando en el Poniente Almeriense durante muchos años” por lo que “el Gobierno de España está creando un enorme desequilibrio en materia migratoria”, ha dicho.

El pasado 3 de mayo la Secretaría de Estado de Migraciones alojó en un hotel de El Ejido a 114 personas solicitantes de protección internacional pendientes de formalizar sus trámites y que ya se encontraban en el Hotel Cabo de Gata, en el barrio almeriense de El Toyo, con capacidad para 274 personas.

Según fuentes del Gobierno, este es el único recurso de este tipo abierto en Almería en la actualidad.

El alcalde, Francisco Góngora (PP), llegó a convocar dos ruedas de prensa en las que mostró su “rechazo frontal” a este traslado de los migrantes subsaharianos.

“Tenemos más de 90.000 habitantes, con un 32 % de población extranjera, más de 29.100 personas extranjeras, con una estimación de más de 4.000 inmigrantes en situación irregular con carácter permanente en nuestro municipio”, dijo.

Incidió en la “llegada masiva de pateras y ahora de narcolanchas”, por lo que considera que esta decisión del Gobierno supone “remar en dirección contraria” a lo que necesita El Ejido, un municipio con 27 kilómetros de litoral.

Aunque aún no se ha pronunciado en el caso de Adra, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acusó a Góngora de hacer campaña electoral por su rechazo al traslado de inmigrantes procedentes de Canarias a este municipio, al ser uno de los candidatos del PP al Parlamento Europeo.

Subrayó que estas personas no pueden ser expulsadas del territorio nacional en tanto no se resuelva su solicitud de protección internacional, por lo que se consideró necesario estos alojamientos temporales gestionados por Cruz Roja, Almería Acoge, Accem o la Comisión Española de Atención al Refugiado.

Según informó a mediados de abril la Cruz Roja, el año pasado se activó el Dispositivo de Emergencia de Canarias (DENCAM), para lo que se dispuso de un hotel con 440 plazas abiertas en la barriada almeriense de El Toyo, que en 2023 acogió a 731 migrantes procedentes de Canarias. Este año ya han pasado por él unas 780 personas y estaba previsto su cierre a finales de mayo.

El pasado enero trasladaron al citado hotel de El Toyo a unos 350 inmigrantes de origen subsahariano que habían alcanzado las costas canarias en cayucos.

En octubre de 2023 fueron reubicados en un hotel de El Toyo otros 321 migrantes, a los que posteriormente se sumaron otros 116 extranjeros, 54 de los cuales se instalaron en el mismo establecimiento hotelero, y otros 54 en el Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Cruz Roja en la capital almeriense.

A finales de dicho mes otro grupo de unos 200 africanos fue trasladado hasta otro hotel, en este caso en Roquetas de Mar, bajo el cuidado de la ong Accem.

En noviembre el pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó una moción del PP en la que se instaba al Gobierno de España a establecer un protocolo "coordinado" con todas las administraciones para el traslado de migrantes entre territorios.

Previamente, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), había acusado de "deslealtad institucional" al Gobierno por no haber contado con el Ayuntamiento para "formar parte de la organización y toma de decisiones" en el traslado de los migrantes, aunque no la decisión en sí.

Crítica a la que se sumó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien lamentó que el Gobierno tomase "decisiones unilaterales sin contar absolutamente con nadie" o el diputado del PP Rafael Hernando, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas”. EFE

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