Palma, 18 may (EFE).- La Guardia Civil ha realizado 7 inspecciones en parcelas rústicas de distintos municipios de Mallorca por sospechas de que se hubieran vertido irregularmente residuos de obras y demoliciones, que se han confirmado, por lo que sus propietarios se enfrentan a sanciones de entre 2.001 a 600.000 euros.
Las inspecciones las han llevado a cabo agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en terrenos rústicos pertenecientes a los municipios de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera, ante las sospechas de posibles vertidos ilegales procedentes de obras y demoliciones, ha detallado el instituto armado en un comunicado.
Las inspecciones se realizaron conjuntamente con el Servicio de Residuos de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía y, en los casos de los terrenos ubicados en Palma y Marratxí, también con responsables de las áreas de urbanismo y actividades de cada Ayuntamiento.
A lo largo de la investigación que desembocó en las inspecciones, los agentes del Seprona descubrieron que, una vez eran generados los residuos en obras de construcción, estos en lugar de transportarse a un gestor autorizado, acababan sin la obligatoria trazabilidad en parcelas rústicas, donde eran almacenados, vertidos o triturados ilegalmente.
Incluso comprobaron que en algunas de las parcelas se había procedido al enterramiento de los escombros.
Los agentes también verificaron que la mayoría de los residuos procedían de obras sin licencia urbanística, y por lo tanto sin control de la administración para su seguimiento.
En las siete inspecciones, los guardias civiles e inspectores de la Consellería localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico.
La Guardia Civil recuerda que el propietario de la parcela, según establece la normativa, sería el poseedor de los escombros, y es el responsable de gestionarlos debidamente mediante la entrega a un gestor autorizado, o bien incurre en infracciones por la deficiente gestión de los residuos.
Tras las inspecciones se han tramitado denuncias ante la carencia del título habilitante para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas por parte de las empresas y personas infractoras, lo que conlleva como medida cautelar la paralización de la actividad.
La Guardia Civil incide en que además, las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción, pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, si los escombros contienen fibrocemento con amianto, un residuo catalogado como peligroso, que está presente la mayoría de las veces. En ese caso, se derivan las obligaciones de descontaminación y recuperación por parte de los responsables de los enterramientos ilegales.
Tras los informes periciales solicitados, así como con próximas prospecciones y muestreos de los terrenos, si los agentes acreditan que existe riesgo o afectación del suelo, subsuelo o de la masa de agua subterránea por los vertidos ilegales de residuos contaminantes, se procederá a investigar a los responsables como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.EFE
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