Madrid, 23 abr (EFE).- El plan aprobado este martes por el Consejo de Ministros contempla compensaciones económicas para las víctimas de abusos en el ámbito eclesial cuyos casos hayan prescrito o no hayan podido ser juzgados, un colectivo difícil de cuantificar ante la falta de registros.
No hay cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia a pesar de la investigación llevada a cabo durante año y medio por el Defensor del Pueblo, que concluyó en un informe presentado el pasado 27 de octubre con testimonios de 487 afectados.
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Este informe contenía los resultados de una encuesta según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad aseguraba haber sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso. Si se extrapolan estas cifras, más de 445.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.
La Iglesia también ha investigado la cuestión; en febrero de 2022 la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores y los resultados del mismo se conocieron a finales del año pasado.
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Este informe recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.
En este trabajo entregado a la CEE, Cremades también propone una serie de indemnizaciones a las víctimas y establece cuantías de entre 6.000 y 100.000 euros, así como la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros en el que participara tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos.
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El informe proponía una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidieran no acudir a los tribunales. En estos casos la Comisión fijaría una indemnización en función de una serie de criterios y del tipo de abuso cometido.
Por su parte, la CEE aprobó la creación de una Comisión de arbitraje, prevista en su Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abusos en la Iglesia, para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de las diócesis que no tuvieran recorrido en el ámbito judicial, bien porque hubieran prescrito o porque el agresor haya fallecido.
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La CEE tiene previsto, asimismo, crear una Comisión de expertos que haga el trabajo de baremación para los casos en los que se reclame una reparación económica. EFE
mop/mcm
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