Madrid, 1 abr (EFE).- Podemos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de rechazar su querella contra los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y Joaquín Gadea, al considerar que prevaricaron en su investigación sobre una presunta financiación irregular del partido morado.
La formación cree que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva por no abrir una "investigación suficiente y eficaz" acerca de la actuación del titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia y de su juez de refuerzo.
Por ello, ha presentado un recurso de amparo, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al Constitucional que anule el auto del Supremo y declare su derecho a que se investigue si ambos magistrados incurrieron en delitos de prevaricación, revelación de secretos y/ omisión del deber de perseguir delitos.
La formación se querelló contra ambos jueces, que investigaron una causa abierta contra el partido por un presunto delito de financiación irregular a raíz de unas declaraciones que prestó el exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal", tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.
Podemos acusa a ambos magistrados de actuar arbitrariamente al abrir este procedimiento para "investigar a todo el entorno del partido" con la "intención última de perjudicarle reputacionalmente a través de la continua filtración de los avances de dicha investigación", según expone en el recurso.
Afirma que la causa fue un "un auténtico escáner, completamente injustificado, de numerosas personas" y que se pretendió "fiscalizar" toda su actividad económica desde 2011 en una investigación "nítidamente prospectiva" que se prolongó "artificiosamente", impidiendo a los investigados acceder a la misma debido al secreto decretado por el juzgado, "pero a la vez filtrando las resultas" de esta investigación.
Por ello, cree que el Supremo debería investigar si los magistrados incurrieron en un delito de revelación de secretos o, en su caso, de omisión del deber de perseguir delitos por la "ausencia voluntaria y deliberada" de prevenir o investigar dichas filtraciones.
El Tribunal Supremo rechazó admitir a trámite la querella de Podemos al considerar que la información que aportó el exgeneral Carvajal guardaba relación con una causa abierta años antes en dicho juzgado y que, por tanto, el juez estaba obligado a investigar y verificarla.
Al presentar la querella, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dijo que este era un claro "ejemplo de lawfare", pero el Supremo lo rechazó porque la prevaricación exige una "intención deliberada" que no se dio en este caso. EFE
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