Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Inmaculada Lova Ruiz ha decidido abrir una nueva vía judicial en torno a la instrucción de la ‘ley de nietos’. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente Santiago por presunta prevaricación administrativa, pese a que la Fiscalía se opuso al considerar que los hechos ya habían sido examinados por los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2024 el archivo de una querella anterior sobre la misma actuación.

La decisión ha devuelto a la actualidad el nombre de una magistrada cuya trayectoria pública se conoce, sobre todo, a través de los procedimientos que ha instruido. Pero antes de llegar a los juzgados penales de Madrid, Lova Ruiz desarrolló buena parte de su carrera en la jurisdicción social, una etapa que quedó interrumpida en 2006.

Entonces era titular del Juzgado de lo Social número 4 de Valencia. En febrero de aquel año, el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto que formalizaba su jubilación forzosa por incapacidad permanente para ejercer funciones judiciales, acordada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento acredita la decisión administrativa, pero no detalla las circunstancias médicas que la motivaron.

Su salida de la carrera judicial no fue definitiva. En 2012, seis años después, el CGPJ acordó su rehabilitación tras considerar acreditada la desaparición de la causa que había motivado la jubilación y su aptitud para regresar al servicio activo. La magistrada volvió entonces a los tribunales, primero en el Juzgado de lo Social número 3 de Granollers y posteriormente en Guadalajara. Fue una vuelta progresiva a la actividad judicial antes de dar el salto a la jurisdicción penal.

El cambio de destino la llevó a Madrid, donde estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 17. En noviembre de 2020 se formalizó su traslado al número 35, cuya titularidad asumió el 15 de diciembre de ese año. Allí comenzó una etapa profesional en la que sus resoluciones la situaron en asuntos con repercusión pública, desde investigaciones económicas hasta denuncias relacionadas con instituciones y cargos políticos.

Uno de los casos más conocidos fue la investigación por presunto fraude fiscal de Carlo Ancelotti durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid. El procedimiento examinó la tributación de los ingresos del técnico italiano por sus derechos de imagen y desembocó en la apertura de juicio oral por el ejercicio fiscal de 2014. La causa tuvo un recorrido procesal más complejo respecto a 2015, con decisiones que fueron revisadas en instancias superiores. El expediente situó a la magistrada en una investigación de gran repercusión mediática, aunque su desenlace debe analizarse a partir de las resoluciones dictadas durante todo el procedimiento.

Años después, otra de sus decisiones adquirió relevancia política. En 2025 archivó la denuncia del Senado contra Patricia Úriz, expareja de Koldo García, por no comparecer ante una comisión de investigación. La jueza fundamentó el archivo en que la citación no se había notificado personalmente. El asunto había generado interés por los vínculos de Úriz con el entorno de Koldo García, pero la decisión se centró en una cuestión procesal concreta.

Estos procedimientos permiten reconstruir parte de la actividad de Lova Ruiz, aunque no bastan por sí solos para atribuirle una determinada orientación judicial. Cada causa tiene sus circunstancias y sus recursos, y una decisión de archivo o de admisión no equivale a un pronunciamiento definitivo sobre los hechos investigados.

La querella contra Sofía Puente añade ahora un nuevo capítulo a ese recorrido. Hazte Oír cuestiona la instrucción que la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula el acceso a la nacionalidad española de determinados descendientes de españoles. La asociación sostiene que la interpretación administrativa amplió indebidamente los supuestos previstos en la norma.

La Fiscalía pidió que la nueva querella no fuera admitida, al considerar que los hechos ya habían sido examinados judicialmente. Lova Ruiz ha optado por abrir diligencias previas para esclarecerlos. En el auto, fechado el 19 de octubre, considera que los hechos denunciados presentan características que podrían apuntar a un delito de prevaricación administrativa.

La decisión coloca de nuevo a la magistrada en el centro de un procedimiento de repercusión política. Su trayectoria, sin embargo, no se reduce a este caso ni a los asuntos que han ocupado titulares: empezó en la jurisdicción social, quedó interrumpida durante seis años y continuó después en distintos juzgados hasta llegar a Madrid. Es ese recorrido, más que una sucesión de causas aisladas, el que permite situar a la jueza que ahora debe decidir si la instrucción de la ‘ley de nietos’ merece una investigación penal.