Pilar Mazo
Logroño, 24 mar (EFE).- Las administraciones públicas españolas deben implantar planes de lenguaje claro, ya que su ausencia plantea una sensación de inseguridad e indefensión en la ciudadanía en los trámites que tiene que realizar con los diferentes servicios públicos.
Así lo ha detallado en una entrevista con EFE el embajador de España de la Asociación Internacional de Lenguaje Claro (Plain), Antonio Martín, tras impartir un curso de lenguaje claro en la Escuela de Administración Pública de La Rioja, que es una de las que lleva tiempo -ha explicado- con programas de formación a los empleados públicos en este ámbito.
"Una cuestión es mejorar la redacción y otra seguir un lenguaje claro en la documentación que un ciudadano tiene que tramitar ante una Administración", ha recalcado Martín, también cofundador de la empresa 'Cálamo y Cran', creada en 1997, y que está considerada un referente en la formación a los profesionales del lenguaje.
Se entiende por lenguaje claro aquel que es sencillo, comprensible y universalmente accesible en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales, ha detallado.
Por su experiencia profesional cree que, en general, el lenguaje con el que la Administración se dirige al ciudadano no es claro, lo que le genera una sensación de falta de confianza y de seguridad a la hora de tomar determinadas decisiones.
Cree que hay algunas administraciones que están más avanzadas que otras en este ámbito, pero, en general, se está en una fase de divulgación.
Según ha informado, hay comunidades que ya han empezado a implantar lenguaje claro en algunos de sus procedimientos con la ciudadanía, como Valencia, Aragón y La Rioja, o el Ayuntamiento de Madrid, que lo estableció para la tramitación de multas de tráfico.
Ha valorado la aprobación, el pasado mes de febrero, del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que es la primera norma en recoger el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ella en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales.
El ámbito jurídico, ha subrayado, es el más avanzado en la implantación del lenguaje claro en la Administración estatal, ya que cuenta con una guía específica en la materia, como también la tiene la comunicación general tributaria.
Sin embargo, falta un plan de lenguaje claro en otras áreas como sanidad o en el caso de las administraciones locales, que tienen un mayor contacto con la ciudadanía, ha precisado.
En su criterio, la implantación de lenguaje claro tiene que ncorporarse como un compromiso de la Administración, en cuyos planes de transparencia y calidad debe haber también un protocolo de lenguaje claro.
Antonio Martín ha valorado que desde el pasado mes de febrero el lenguaje claro se pueda certificar en España a través de UNE-ISO 24495-1:2024 con pautas para lograr una comunicación eficaz entre redactor y lector.
Esta norma establece los principios y las directrices para elaborar documentos en lenguaje claro, en las que se detallan cómo interpretar y aplicar los principios.
Es un avance, ha dicho, para los documentos destinados al público en general, pero también para quienes se dedican a la redacción técnica, de textos legislativos o al uso de lenguajes controlados. EFE
pmg/ros
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