(Corrige la NA1192 en el segundo párrafo, donde dice este jueves debe señalar este lunes)
Madrid, 11 mar (EFE).- El representante de la unión de empresas encargada de adaptar el proyecto del arquitecto Norman Foster para el Campus de la Justicia de Madrid ha testificado en el juicio que a pesar de entregar más de 1.500 planos tras dos años de trabajos, entre 2007 y 2009, no se ejecutó "porque no habría fondos o por decisión política".
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio en el que el fiscal pide ocho años de prisión por supuestas prevaricación y malversación de caudales públicos para Alfredo Prada, que era consejero de Justicia y para quien la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid solicita trece años de cárcel además de reclamarle 40,4 millones de euros por los contratos supuestamente adjudicados de forma ilegal.
También se sientan en el banquillo otros cinco acusados, que ocupaban diversos cargos dentro de la estructura directiva de la sociedad pública Campus de la Justicia, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2004 para ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
En la sesión de este lunes ha declarado como testigo Javier M.P., representante de la unión temporal (UTE) formada por su empresa de arquitectura y por otras dos sociedades a las que Campus de la Justicia contrató para adaptar el diseño de Norman Foster para los edificios del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial de Madrid dentro del conjunto del proyecto.
El testigo ha explicado que "el proyecto de Norman Foster era espectacular y muy bien hecho pero muy complejo" ya que los edificios diseñados eran circulares y además no se podían construir con grúas por una limitación del alturas al estar cerca el aeropuerto de Madrid del lugar donde se quería levantar la Ciudad de la Justicia.
Ha recordado que la UTE se encargó de adaptar el proyecto diseñado por Foster a las condiciones técnicas y de normativa españolas y que Campus de la Justicia les adjudicó los trabajos por 5.300.000 euros.
Javier M.P. ha manifestado que estuvieron trabajando en el proyecto de ejecución entre marzo de 2007 y marzo de 2009 aproximadamente y que llegaron a entregar más de 1.500 planos. "Si embargo no se llegó a ejecutar porque se paró el Campus y no se hicieron las obras", ha comentado el testigo.
Al respecto ha relatado que primero recibieron "una orden de suspensión temporal de los trabajos pero al final eso no se reanudó" y a los tres años -cuando hubo un cambio de gobierno regional y Alfredo Prada salió de la Consejería de Justicia- abogados de la Comunidad de Madrid les comunicaron que había que finalizar el contrato.
"Con el proyecto de ejecución acabado y pendiente solo de la parte de dirección facultativa de la obra decidieron que se paraba entiendo que porque no habría fondos o por una decisión política", ha comentado Javier M.P., que ha indicado que finalmente la UTE cobró algo más de 2.200.000 euros por los trabajos realizados.
También ha testificado el administrador de otra de las empresas de la UTE, Pedro A.R., al que el fiscal ha preguntado por qué cree que Campus de la Justicia les adjudicó el contrato cuando otras compañías presentaron propuestas más baratas para llevarlo a cabo, a lo que ha contestado: "Yo desconocía las ofertas de la competencia". EFE
cng/mcm
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