Barcelona, 11 dic. (EFE).- La entidad Societat Civil Catalana (SCC) ha pedido al Tribunal de Cuentas que no suspenda la causa por los gastos del 'procés' ante la tramitación de la proposición de la ley de amnistía, al concluir que no existe por ahora ningún artículo legal vigente que ampare la "ilegítima injerencia" en este procedimiento.
Tras celebrarse a mediados de noviembre pasado el juicio por esta causa, dirigida contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos del 'procés', el Tribunal de Cuentas decidirá en los próximos días si deja en suspenso el procedimiento a raíz de la tramitación de la ley de amnistía.
Societat Civil Catalana, que ejerce de demandante en la causa, ha pedido al Tribunal de Cuentas que desestime la petición planteada por algunos de los dirigentes independentistas juzgados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de suspender el procedimiento.
En su escrito, elaborado por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, SCC defiende que "no existe un hecho nuevo que tenga relevancia alguna para suspender el curso del procedimiento" y que, por lo tanto, "no hay artículo legal vigente que ampare la ilegítima injerencia que se pretende hacer en el funcionamiento" del Tribunal de Cuentas, según ha detallado esta organización en un comunicado.
Según SCC, la única novedad es que se ha iniciado la tramitación de la ley de amnistía, que ve "contraria a la Constitución española y a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, como es el Estado de derecho", por lo que duda de que finalmente pueda ser aprobada.
Independientemente de que la ley de amnistía acabe siendo aprobada, "a día de hoy no existe motivo alguno para que este Tribunal se pliegue a los burdos intentos de suspensión de este procedimiento de unos demandados que solo buscan la dilación de esta causa para verse beneficiados" por este olvido, según SCC.
El procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers, en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del 'procés'.
La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones. EFE
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