Barcelona, 11 dic (EFE).- Dos policías nacionales que ejercen la acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic han apoyado la decisión del juez de calificar los hechos como delito de terrorismo, aduciendo que la plataforma anómima perseguía "alterar la paz pública y el orden constitucional".
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, los policías, que ejercen la acusación particular en la causa representados por el despacho Fuster-Fabra Abogados, se oponen al recurso presentado por la Fiscalía contra la calificación de terrorismo y la acusan de haber cambiado de criterio en cuestión de meses, tras aludir a motivos "extra procesales".
Los dos agentes, que resultaron heridos en las protestas contra la sentencia del procés, se suman así a las peticiones de las acusaciones ejercidas por Vox y la asociación Dignidad y Justicia para que la Audiencia Nacional confirme la decisión del juez Manuel García Castellón de imputar delitos de terrorismo a los investigados por Tsunami Democràtic, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC Marta Rovira.
Los policías sostienen en su escrito que es una "contradicción palmaria" el cambio de criterio de la Fiscalía, que el pasado mes de julio sostuvo que los hechos investigados en Tsunami podrían constituir un delito de terrorismo, teniendo en cuenta que "no ha existido una sola diligencia de investigación" que pueda sustentar su nueva postura sobre el asunto.
El escrito resalta que han existido "motivos extra procesales y situaciones totalmente ajenas al poder judicial" que pueden haber suscitado "intereses en algunos actores de la sociedad o incluso del poder ejecutivo" en la causa de Tsunami.
No obstante, para la acusación particular, esas situaciones no suponen una "argumentación ni motivación jurídico-lógica para aquellos que, en el marco de la independencia judicial, deban tomar las decisiones sobre elementos que se están investigando".
En ese sentido, subraya el escrito que la plataforma anónima que organizó las protestas de octubre de 2019 contra la sentencia del procés constituía una "organización criminal", con permanencia en el tiempo y reparto de funciones, cuyos fines eran "alterar la paz pública y subvertir del orden constitucional", lo que encaja en el delito de terrorismo. EFE
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