Madrid, 29 nov (EFECOM).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha referido este miércoles al posible mantenimiento del gravamen temporal sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas en España, y ha dicho que "hay que ver si existen estos beneficios extraordinarios".
"Hay que ver si existen estos beneficios extraordinarios, de qué manera se concentra la figura fiscal (en ellos) y de qué manera se incentiva reinvertir", ha explicado Ribera en una entrevista en el programa en Twitch 'Carne Cruda', en la que ha insistido en que cuando antes se acelere la transformación del sistema energético, "más precios estables" tendrán los consumidores.
En cualquier caso, ha reconocido, el Ejecutivo tiene que ver "si hay que perfilar ese impuesto".
Estaba previsto que esta prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravara durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de las grandes energéticas con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
La tasa, recurrida ante los tribunales, afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
Sin embargo, en su acuerdo para la reciente investidura, los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, contemplaban mantenerlo una vez acabe su actual periodo de aplicación.
Repsol fue la primera compañía en advertir de que la posibilidad de que persistiera este gravamen "injusto, ilegal, inconstitucional y discriminatorio" podía condicionar sus futuras inversiones en España.
Más recientemente, la semana pasada, Endesa presentó su plan estratégico 2024-2026, un documento en el que se hablaba de "normalización fiscal" al dar por hecho que el impuesto llegaría a su fin.
Y es que, recalcó el consejero delegado de la energética, José Bogas, pagarlo no tendría sentido cuando ya hay en vigor una minoración o 'clawback' del gas que evita los beneficios extraordinarios. EFECOM
smv/sgb
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