PSOE y Sumar extenderán el gravamen a energéticas y resucitarán la Comisión de la Energía

Madrid, 24 oct (EFECOM).- El PSOE y Sumar resucitarán la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que quedó subsumida en la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) con el anterior gobierno del PP, y revisarán el gravamen sobre las compañías energéticas, que se aprobó por dos años, para mantenerlo cuando acabe su periodo de aplicación.

En el documento "Una nueva coalición de Gobierno progresista para España", presentado este martes en Madrid por el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se recogen éstas y otras medidas en materia energética.

En concreto, ambos partidos manifiestan que impulsarán el establecimiento de la CNE, que será un organismo regulador especializado, con los recursos adecuados para abordar la modernización de la regulación.

Además se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética.

PSOE y Sumar, en este acuerdo con el que aspiran a reeditar gobierno si consiguen los apoyos de otros grupos para poder formarlo, se comprometen a revisar los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que se establecieron por un periodo temporal con el objetivo de que parte de los ingresos extraordinarios que estaban obteniendo con la crisis revirtieran en la sociedad.

Ahora se trataría de readaptar estos gravámenes y mantenerlos una vez que expire el periodo de aplicación actual para, según dice el documento, que "ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".

La prestación patrimonial para las energéticas grava actualmente durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

Los importes abonados no pueden deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigila la CNMC y que está sujeto a sanción.

Afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

PSOE y Sumar también dicen que continuarán profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista para "resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista" y acabar con los denominados 'beneficios caídos del cielo", que obtienen las productoras de electricidad al cobrar la energía generada con tecnologías de menos coste (hidráulica, renovable y nuclear) al precio más alto que se marque en el mercado para cada hora.

Los socios del Gobierno en funciones también dicen que revisarán la estrategia contra la pobreza energética, reforzando la protección a los consumidores vulnerables.

El documento, que no recoge si el Gobierno mantendrá medidas como la rebaja del IVA de la luz o la reducción al 0,5 % del impuesto especial sobre la electricidad, o los porcentajes de descuento que se ampliaron para los usuarios del bono social, sí apunta que los servicios sociales y de consumo, junto a entidades sociales, llevarán a cabo planes para duplicar el número de hogares acogidos al bono eléctrico.

PSOE y Sumar dicen que trabajarán para que en 2030 la energía renovable sea el 48 % sobre el uso final de la energía y el 81 % en la generación de electricidad, y que en las subastas de renovables se reservará una cuota específica para instalaciones de pequeños tamaño.

En cuanto al hidrógeno, sobre el que PSOE y Sumar mantenían posturas diferentes en sus programas electorales, el documento indica que "apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovable atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético, destinándose a procesos de difícil electrificación".

También prevén la elaboración de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico, y la simplificación y agilización de los trámites para instalar renovables.

PSOE y Sumar elaborarán una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024, identificando las oportunidades y desafíos de la transición ecológica a abordar en los próximos cinco años en aquellas zonas en que se cierran minas o centrales de generación eléctrica de carbón o nucleares.

Asimismo, el documento mantiene también el cierre escalonado acordado con las empresas propietarias de centrales nucleares, por el que las aún activas irán cesando en su operación entre 2027 y 2035. EFECOM

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