Tras dos intentos suspendidos, las autoridades han ejecutado este miércoles el desahucio de dos mujeres y dos menores de edad en la calle Iturribide de Bilbao, pese que “no cuentan con una alternativa habitacional digna”, según ha denunciado el Sindicato de Vivienda AZET. El 25 de octubre y el 5 de noviembre, la movilización vecinal y sindical logró frenar los intentos de desalojo, pero esta vez las autoridades han ejecutado la orden judicial.
Portavoces de AZET han explicado que el desahucio deriva de una sentencia de divorcio que atribuyó la propiedad de la vivienda al exmarido de una de las mujeres y que el hombre cuenta además con otros dos inmuebles en propiedad. “La propiedad privada se ha impuesto una vez más sobre el derecho a la vivienda”, ha denunciado la organización tras el desalojo, al que califica como una muestra de “violencia estructural capitalista”, según las declaraciones que recoge Europa Press.
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AZET también ha cuestionado la actuación del Ayuntamiento de Bilbao al asegurar que, pese a conocer la situación de la familia, no hizo lo suficiente para intentar frenar el desahucio ni para ofrecer una solución residencial estable. “Los decretos y las medidas que supuestamente deben proteger a las familias más vulnerables quedan en papel mojado y son insuficientes”, han criticado sus portavoces.
La organización también ha aclarado que la suspensión de los dos primeros intentos de lanzamiento no solo se debió a la movilización vecinal y sindical, sino que las autoridades también buscaban rebajar la tensión social antes de la huelga por la vivienda del 11 de noviembre.
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Les ofrecieron una plaza en un piso compartido
Como alternativa, según AZET, el Ayuntamiento ofreció a la familia una plaza en un piso compartido. El sindicato considera que se trata de una medida “provisional” e inadecuada para una unidad familiar con dos menores.
Los portavoces han afirmado que la familia cumple los requisitos para ser considerada vulnerable y, sin embargo, el juzgado no aplicó el decreto antidesahucios al tratarse de un procedimiento de familia.
Según explican, el proceso de divorcio todavía no ha incluido la liquidación de los bienes gananciales, y aseguran que una de las mujeres contribuyó al pago de la vivienda desde su adquisición, aunque no figure como titular. “El Ayuntamiento y las instituciones conocen esta injusticia y no han movido un dedo. Han puesto la propiedad privada por delante del derecho a la vivienda de dos mujeres y dos menores”, insisten.
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El desalojo de esta familia refleja que los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad continúan en España. Aunque los lanzamientos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de marzo descendieron un 45,4% interanual, hasta los 4.005 casos, la media se situó en 44 desalojos diarios, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de septiembre.
(Con información de Europa Press)
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